En más de una ocasión, y por diferentes razones, escuchamos decir que “los derechos de uno terminan donde comienzan los de otros”. Sin embargo reclamar el cumplimiento de esos derechos no implica realizar actos que puedan estar por fuera de la ley.

Peticionar, reclamar o exigir no equivale al “todo vale” porque entonces aquello por lo que se lucha pierde legitimidad y validez ante la sociedad.

Desde hace algunos días un grupo de personas ocupa tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces sosteniendo un reclamo al que  – seguramente – consideran legítimo hecho que deberán probar ante la Justicia.

Pero entre tanto ello sucede la relación de convivencia con los pobladores del lugar se torna cada vez más compleja. De hechos los pobladores manifiestan tener temor por su seguridad y la de sus familias sentimiento que es compartido por quienes trabajan (y en muchos casos residen) en el Parque.

Descendiente de pobladores y antiguos pobladores dejaron en claro su postura informando que se solicitará una reunión a las autoridades de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como así también al Juez que entiende en la causa a fin de exponer su increyente preocupación por la situación que se vive en el lugar. “Nos sentimos desamparados”, remarcaron en rueda de prensa y lamentaron los hechos vandálicos contra el histórico Cristo del Parque Nacional temiendo que tales acciones pudieran extenderse al Cementerio.      

La necesidad de instar al diálogo desde las instituciones intervinientes “como único camino para transitar el conflicto” es también un pedido de los trabajadores del Parque quienes lo expresaron en un comunicado en el que aseguran que “la revancha no es el camino”.

Apelan, asimismo, “a que la situación se resuelva mediante el proceso legal que garantice el cumplimiento de los derechos de todos los integrantes que conformamos esta comunidad”.      

Propiciar el diálogo, velar por la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos son obligaciones que el Estado no puede – ni debe – obviar. Extender los plazos de esas instancias también podría resultar contraproducente para todos los involucrados.   

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