Por Licenciado en Psicología Mario Saldivia

En Argentina la Convención Internacional por los Derechos del Niño ya cumplió 29 años y la cuestión de la niñez no sólo no está dentro de las prioridades del gobierno municipal sino que, aquello que pendía de un hilo, acabó destrozándolo.

No sorprende nada que el ejecutivo local esté haciendo su máximo esfuerzo para dejar a la niñez en un estado de desamparo; tampoco resulta llamativo que pongan su inteligencia y su convicción manipulando el presupuesto y así reducir en política social de niñez, adolescencia y familia. Esto se intuía que iba a ocurrir, se está llevando adelante y –lamentablemente- no hay perspectiva de que mejore o que en algún momento se establezca como agenda de gobierno.

Sin embargo, las coordenadas sociopolíticas ponen al descubierto algunas prácticas que se creían superadas cuando en realidad necesitaban las condiciones de posibilidad que legitimen ciertas concepciones de niñez y sus modos de hacer dentro de las instituciones.

Los cambios legislativos que se han alcanzado en la última década aún no han sido acompañados por transformaciones institucionales. La ejecución de políticas sociales depende de lxs trabajadorxs del sistema y un gran número de ellxs (con niñxs y adolescentes con derechos vulnerados que están a su cargo) ni siquiera están de acuerdo con la concepción del niño como sujeto de derechos y reivindican y sostienen “métodos educativos” sustentados sólo en el ejercicio del poder sobre lsx niñxs.

Es difícil recomponer la subjetividad de otro sin recomponer la propia. Las condiciones socioeconómicas impactan fuertemente en lxs niñxs y adolescentes vulneradxs como para sumarle lo nefasto que resurge una y otra vez en el propio Estado.

Es urgente -si se quiere poner en agenda la cuestión de la niñez- un presupuesto económico acorde y la transformación profunda de las instituciones estatales que pongan en primer plano la cuestión ética.

Se  debe pensar seriamente cómo desterrar determinados tratos arbitrarios hacia lxs niñxs y adolescentes.

Resulta imperioso también buscar la manera de que el sistema deje de sostener a funcionarios que más que asumir las responsabilidades que tiene el Estado con la niñez (tratados internacionales con rango constitucionales), lo único que hacen es reproducir viejas concepciones que se traducen en prácticas invisibles por naturalizadas pero que vulneran gravemente los derechos de los niñxs en lo cotidiano.

Un camino posible desde donde comenzar sería poner en funcionamiento mecanismos colectivos que dejen de lado los personalismos. Para eso, se debería trabajar fuertemente en relación a uno mismo, perder el miedo al otro y  crear colectivos que favorezcan el pensar y diseñar nuevos dispositivos de intervención integrales que se sustenten en la complejidad de la realidad social.

Actualmente el sistema de protección de derechos sigue  lógica de la derivación a “otros organismos competentes”, esto crea abismos insalvables entre los integrantes del sistema quedando aún más expuestos lxs niñxs al humor de los legos funcionarixs de turno. Por ello habría que pensar y actuar en términos de corresponsabilidad.

Debemos ser plenamente conscientes que con nuestras prácticas cotidianas podemos construir dispositivos, instrumentos, proyectos para que favorezcan la transformación o la reproducción social.

Es necesario generar un proceso de reconsideración en el que estén incluidos todxs lxs trabajadores del sistema de protección, las organizaciones de la sociedad civil y  la comunidad en general.

Los gobiernos crean Políticas Públicas destinadas a niñxs desde una mirada adultocéntrica en la que creen saber que piensan/sienten lxs pibes respecto de ciertas problemáticas, mientras que estos mismos niñxs hacen definiciones de los problemas sociales que difieren mucho de las que se creen.

Es urgente instar al Estado a efectivizar el derecho a la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en el diseño de políticas públicas ya que son cuestiones que lxs afectan directamente.  Las experiencias de programas, proyectos, planes, etc.  construidas desde la mirada de los niñxs/adolescentes son muy pocas pero muy valorables en la restitución de derechos. En esto reside la importancia fundamental que tienen los gobiernos municipales y la designación de funcionarios idóneos.

La democracia es una ocasión favorable para reforzar los derechos de lxs niñxs y los derechos de lxs niñxs son o pueden ser una ocasión favorable para reforzar la democracia. ¿En qué medida es ciudadanx el/la niñx y adolescente en la CIDN? Garantizando de hecho libertad, participación y representación. Existe una anomalía de los derechos de lxs niñxs y es que la lucha por ellos ha quedado y queda dependiente de lxs adultxs. ¿Será por ello que no se avanza?

 

 

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