La Cámara Federal de Casación Penal resolvió revocar el sobreseimiento de los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini como de los policías Claudio Rodríguez y Adrián Muñoz, en la causa que investiga el espionaje ilegal a más de treinta vecinos de Esquel. El proceso continuará en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia con un nuevo tribunal. El abogado querellante Gustavo Macayo pidió un fallo ejemplificador.

Haca un año la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había tomado la decisión de desprocesar a los cuatro imputados en la causa de espionaje ilegal con el argumento de que habían actuado de buena fe. Mientras que el espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) continúa procesado e irá a juicio oral y público con fecha a confirmar. “Nosotros no estuvimos de acuerdo con esa decisión así que presentamos una casación y un año después la Cámara Federal de Casación nos dio la razón al anular el fallo de Comodoro”, explicó el abogado querellante Gustavo Macayo a La Portada.

El fallo fue dividido, dos magistrados votaron a favor y uno en contra. Los doctores Carlos Alberto Mahiques y Liliana E. Catucci resolvieron anular la resolución recurrida y propusieron hacer lugar a los recursos de casación presentados por la querella y por el Fiscal General; apartar a los magistrados de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que la suscribieron, y remitir las actuaciones a dicha sede a fin de que según corresponda se adopte una nueva resolución.

El argumento fue “haber efectuado una valoración antojadiza de las probanzas y de las responsabilidades de los funcionarios públicos”. A su turno, el Fiscal General introdujo los mismos agravios que el anterior y consideró que los imputados conocían que el vínculo que entablaron con el agente de inteligencia era ilegal.

Ahora la causa deberá volver a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y se deberá designar un nuevo tribunal. “Se tiene que dictar un fallo acorde a la decisión que se tomó”, planteó Macayo.

Asimismo sostuvo que los funcionarios imputados en la causa “tienen mucha experiencia en investigación penal, saben muy bien qué es un servicio de inteligencia y saben en qué condiciones pueden actuar”.

Con respecto al tiempo que demandó el fallo de Casación, contó que “son tribunales que se toman mucho tiempo para resolver”, y opinó también que “es un caso muy politizado y que haya salido un fallo dividido es muy llamativo así que yo creo que han habido muchas operaciones políticas tanto a nivel provincial como nacional para desvincular a los funcionarios provinciales”.

Además expuso que “los jueces también se cuidan de no enfrentarse con esas fuerzas que siempre son peligrosas. Son los lugares más oscuros que tiene el poder y la utilización ilegal se ha vuelto una práctica muy corriente”. Sin embargo expuso que “hay que ponerle un fin a esto porque el proceso penal tiene que estar sujeto al principio de legalidad. Se debe respetar el derecho de las víctimas, los imputados y la sociedad”.

Muy grave

Macayo aseguró que “es muy grave que treinta personas sean espiadas por movilizarse contra la megaminería en forma lícita”, y agregó en este sentido que “la sociedad todavía no ha tomado conciencia de la gravedad que tiene la actuación ilegal de los servicios en complicidad con funcionarios provinciales de la policía y la justicia provincial”.

Seguidamente apuntó que “la ciudad está sitiada no sólo por el No a la Mina sino también por el movimiento mapuche”, y destacó que desde la desaparición de Santiago Maldonado, “se ha llenado de espías, policías de civil y fuerzas que no sabemos qué están haciendo. Es un tema que nos pone en peligro a todos porque nos siguen espiando”.

Por último, el abogado indicó que espera un “fallo ejemplificador” de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. “No podemos vivir en democracia con gente que te persigue y espía en forma ilegal sin que nadie los pare”, finalizó.