El llamado a Licitación Pública N° 07/2025 realizado por la Municipalidad de Esquel para la construcción del “Módulo 2 Relleno Sanitario, Etapa 1” volvió a encender las críticas de quienes presentaron un amparo judicial en 2019 por la contaminación ambiental generada por la Planta de Residuos. Su representante legal, el abogado Daniel Sandoval, sostuvo en diálogo con La Portada que el proceso licitatorio es una “maniobra dilatoria” y alertó sobre el riesgo de colapso del actual módulo, al que calificó como “saturado y al borde del desmoronamiento”.

“No es muy difícil de advertirlo”, consideró. Subrayó que la apertura de sobres está prevista para el próximo 18 de noviembre, por lo que tardaría aproximadamente un mes la evaluación de ofertas, muy cerca de enero, un mes donde no hay mucha actividad administrativa. En este marco, cuestionó los 14 meses de prórroga que pidió el gobierno para realizar la obra: “Si es a partir del 1 de febrero de 2026, sería hasta junio de 2027 y es imposible que se termine porque está todo el período de marzo que empieza la veda, y ya se estará armando el período preelectoral”.

Así las cosas, afirmó que “nadie puede contraer una deuda o una obligación. A mí me parece que es una dilación para decir ‘llegamos hasta el año que viene para que lo haga la otra gestión’. Lo están pateando”.

El abogado también advirtió que mientras tanto “siguen cargando el módulo 1 y está saturado”. “Estamos a un paso de que ocurra un desmoronamiento o una perforación o rotura de la membrana, porque ya se saturó la cantidad de metros. La membrana que tiene abajo, en el subsuelo, es lo mismo que la bolsa cuando uno va a comprar al supermercado, si se carga demasiado, se va a desfondar”, explicó.

Sandoval señaló que ya presentó una oposición formal en el expediente judicial. El letrado le pidió a la justicia que “pongan un perito” para controlar cuál es el período y cómo se hará la obra. “Tiene que haber un cronograma. Por cada día que se atrasan, también puede generarse un retraso de cualquier otra cosa. Hay un montón de cosas que se deben tener en cuenta”, planteó.

También apuntó a la falta de controles en los precios de los materiales y la supervisión del gasto público. “Cuando se compró la membrana costaba 5 dólares, pero la compraron a 14. Evidentemente, o los concejales están en connivencia con lo que está haciendo el Ejecutivo, avalando ese tipo de cosas, o el Tribunal de Cuentas de la provincia decide no meterse. Son todos puntos que no están ni aclarados ni dichos en el proceso”, cuestionó.

El letrado fue más allá y comparó la situación con cualquier otro incumplimiento judicial, alegando que podría endilgarse desobediencia al municipio. “Si una persona tiene una prohibición de acercamiento a algún lugar y la incumple, la meten presa. Acá hay una orden judicial y ni siquiera le dijeron ‘está bien’”, enfatizó.

Para Sandoval, el riesgo ambiental es inminente: “El módulo puede colapsar, ya está saturado. La altura máxima estaba prevista en 12 metros desde el nivel del suelo; hoy está en 18, y siguen cargándola”. “Pretenden cargarlo 14 meses más con una acumulación diaria de aproximadamente entre 60 y 80 toneladas, eso es algo así como 50 metros cúbicos más por día”, graficó.