El contador Martín Sandoval, denunciante de la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, expresó su opinión sobre la sentencia dictada a la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, quien recibió una condena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En diálogo con La Portada, Sandoval manifestó su descontento por la magnitud de la pena y destacó que la Justicia no habilitó el pedido de devolución de los fondos malversados.
“Uno podía esperar una condena mayor, me vi sorprendido por esta pena de tres años en suspenso. Lo que más ruido hace es que los jueces no habilitaron la devolución de los montos que se consideraban cobrados irregularmente. En su momento, eran cerca de 10 millones de pesos, que actualizados representarían un número significativo”, comentó Sandoval, lamentando esta decisión judicial.
Según Sandoval, la resolución deja un mensaje preocupante para la sociedad. “Cuando los funcionarios cometen hechos de corrupción y las sanciones son pequeñas, eso genera frustración. La gente lo percibe, y con razón, que quien roba una gallina termina preso, pero quien comete corrupción vuelve a su casa. Aunque la inhabilitación perpetua es importante, tenemos casos en la provincia de personas con condenas similares que hoy son intendentes”, criticó.
El denunciante consideró que, aunque la condena representa un paso en la lucha contra la corrupción, la sanción no alcanza el impacto ejemplificador necesario. “Por un lado, es positivo que se haya investigado y condenado un hecho de corrupción. Pero, por otro, queda un sabor a poco debido a la magnitud de la condena. Estas investigaciones llevan años y la pena termina siendo menor al desgaste del proceso”, señaló.
Al ser consultado sobre posibles acciones futuras, Sandoval indicó que no ha conversado con el fiscal general, Omar Rodríguez, para evaluar si buscarán endurecer la condena, aunque no lo descartó. “Me enteré por los medios de la resolución y todavía no sé cuál será la postura de la Fiscalía. Pero habrá que revisar si se presentará algún recurso”, afirmó.
La importancia de denunciar
En relación a las razones que lo llevaron a denunciar estas prácticas en 2020, Sandoval fue contundente: “Básicamente, porque está mal. Uno, cuando ejerce un cargo público, debe guardar ciertas normas y decoro. Estas personas no lo hicieron, y correspondía hacer la denuncia”.
Detalló que el hecho se dividió en dos etapas: la primera, relacionada con la Legislatura, donde se pedían retornos de sueldos a los asesores para armar una “caja política”; y la segunda, vinculada al Ministerio de Familia, donde se comprobó la existencia de personas que cobraban sueldos sin cumplir funciones ni residir en Chubut. “Esto quedó configurado en la causa como los llamados ‘ñoquis’”, precisó.
Sandoval también recordó las presiones que sufrió tras realizar la denuncia. “En el principio, cuando esto tomó trascendencia mediática, recibí algunos aprietes para que me calle. Pero seguí adelante con mis convicciones hasta las últimas consecuencias”, confesó.
El contador destacó que este caso marcó un precedente al ser el primer juicio en Argentina en sancionar a los ‘ñoquis’. “Es un puntapié para el resto del país. Incluso, la investigación fue consultada por otros Ministerios Públicos Fiscales”, afirmó.
Sin embargo, señaló que queda pendiente revisar las penas aplicables en casos de corrupción. “Vemos que esta práctica se ha vuelto habitual en los últimos gobiernos. Las condenas no han sido ejemplificadoras. Tiene que haber un cambio en la ley para garantizar penas más severas y efectivas”, concluyó.