El Gobierno Nacional analiza enviar en febrero al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 15 años para los delitos más graves. El abogado defensor Marcos Ponce manifestó a La Portada que “no hay en ningún lugar del mundo un sistema que haya funcionado de esa manera” y destacó que en Chubut y en Esquel “el índice de delitos de menores es muy bajo”.

El proyecto fue propuesto por primera vez en marzo de 2017 por el presidente Mauricio Macri durante la apertura de sesiones del Congreso. Al año siguiente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, le dio un nuevo impulso de la iniciativa. Para él, los jóvenes de 15 años ya comprenden la criminalidad de sus actos y deben tener un “régimen especial” que sirva como “aprendizaje”. Este año la propuesta, que sería presentada nuevamente al Congreso, despertó críticas de diversos sectores por considerarla una medida electoral.

Por su parte, el abogado defensor Marcos Ponce explicó a este medio que “hay una ley de minoridad que funciona por afuera del Código Penal, que establece la inimputabilidad a partir de los 14 años, de los 16 años para determinados delitos y a partir de los 18 años una imputabilidad plena”.

Señaló que en la actualidad “se está pretendiendo bajarla a los 15 años pero esto no resuelve mucho de lo que hoy está ocurriendo”. En ese sentido precisó que “la delictuosidad no nos está hablando de una realidad actual sino de una anterior, es decir que se llegó a esa comisión de delitos por determinadas condiciones que no se atendieron”.

De esta manera aseguró que “bajar la imputabilidad de minoría de edad no resuelve nada, sólo estaríamos corriendo el límite y ampliando el borde de gente punible sin brindarles herramientas a los que no atendimos antes, entonces podríamos llegar a lo ilógico de que dentro de veinte años esto no funcione y queramos bajarlo a los 10 u 8 años”.

Además el defensor destacó que “no hay en ningún lugar en el mundo un sistema que haya funcionado de esa manera, sí evitando que ese menor caiga en el delito”, y planteó que “una persona de 15 años, condenada a diez años de prisión, saldría siendo un joven de 25 años en el sistema actual, totalmente inútil para la sociedad”.

Asimismo Ponce señaló que “en Chubut y en Esquel tenemos un índice bajo de delictuosidad y dentro de éste los delitos cometidos por menores son mínimos”. Por lo tanto opinó que “no se va resolver esta inseguridad que se está viviendo condenando a menores”.

Por otra parte expuso que “si un único hecho cometido por un menor se repite durante 24 horas al días en un noticiero se genera una sensación de que son muchos y eso es lo que tenemos que resolver”.  

 

“Necesitamos reformar el sistema penitenciario”

La principal característica del proyecto del nuevo Código Penal es el endurecimiento de las penas. Para Marcos Ponce esto no resuelve nada si se propone de manera aislada sin mayores recursos y sin una reforma integral del sistema penitenciario. “Yo acepto que si la población está pidiendo un poco más, nos sentemos y discutamos cómo hacerlo. Pero el endurecimiento de las penas, solo y aislado, no resuelve nada, ni el problema de la inseguridad”, reflexionó.

Pidió construir más lugares de detención y brindar las condiciones necesarias para la reinserción social. “Hoy encerrar gente en los institutos de detención como están no tiene sentido y más años tampoco. Es necesaria una reforma integral del sistema penitenciario desde lo edilicio, lo humano y lo legal”, planteó.

Además manifestó que “en Chubut los mayores lugares de detención son las comisarías donde son cuidados por policías que no reciben capacitación especial”. En este sentido reveló que “el índice de reincidencia es altísimo porque el Estado no brinda las posibilidad de reinserción y es su obligación darle las herramientas para hacerlo, es una garantía constitucional, así que con aumentar sólo las penas no se va resolver nada”.

Por último expresó que “se trabaja en el aumento de las penas como una respuesta a la sociedad al reclamo permanente de la inseguridad y esto puede ser una cuestión electoralista. Se pretende que aumentando las penas vamos a bajar la inseguridad y es algo que no resultó en el mundo. Venimos de reformas parciales donde se han endurecido las penas y la delincuencia sigue aumentando porque esto se resuelve de otra forma”.

 

 

 

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