Información reciente indica que haberes previsionales, asignaciones familiares y otras prestaciones de la seguridad social aumentarán un 7,78% a partir de diciembre de acuerdo a lo dispuesto por el índice la movilidad jubilatoria vigente desde marzo pasado. La medida hace efectiva a través de una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicada sobre el final de la semana pasada en el Boletín Oficial.

Los números también marcan que todas las prestaciones habrán acumulado un incremento del 28,8% durante este año y que eso las deja 18,7 puntos por debajo de la anual prevista en 47,5 inflación % para este 2018. Este último dato surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central.

Las cifras, además, señalan que las jubilaciones necesitarán una recomposición del 14,5% para soportar – en alguna medida – el impacto de la inflación. Los integrantes del sector pasivo, tal como sucede con los trabajadores activos, durante este 2018 debieron enfrentar los constantes aumentos de precios de los productos que integran la Canasta Básica de Alimentos, alquileres, servicios básicos y combustibles entre otros tarifazos.

Lejos (muy lejos) de llegar a fin de año con alguna tranquilidad los jubilados y pensionados resienten los aumentos de precios requiriendo una verdadera recomposición de sus haberes la cual no parece factible porque queda claro que el bienestar de la población no es una prioridad para el Gobierno Nacional. El ajuste – propiciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) – no debiera ser pagado por los trabajadores y mucho menos por los jubilados y pensionados.

Quienes trabajaron durante muchos años y realizaron los aportes correspondientes son nuevamente afectados por una política económica  que deja mucho por planificar de cara a las elecciones de 2019 y a las aspiraciones de reelección del Presidente Mauricio Macri.