Los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri impusieron ayer martes una pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función y pública a María Cecilia Torres Otárola, quien fuera ministra de Desarrollo Humano de Chubut, por haber sido encontrada culpable de los delitos de defraudación a la administración pública y exacciones ilegales.
La exfuncionaria provincial, quien también fue diputada, deberá además abonar las costas del proceso y cumplir distintas reglas de conducta, entre las que se encuentra mantener el domicilio, presentarse trimestralmente ante supervisión, no consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas como así también no cometer nuevos delitos por el plazo de la pena impuesta, es decir tres años.
Otros cuatro imputados en el marco de la causa “Cecilia Torres Otárola y otros P.S.A. Fraude a la Administración Pública”, también fueron condenados. Tal es el caso de Silvana Cañumil, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, a quienes se impusieron penas de dos años de prisión en suspenso y la misma inhabilitación perpetua. En estos casos los delitos atribuidos incluyen defraudación a la administración pública como partícipes necesarios en diversos hechos.
Fraude
A Torres Otárola se la encontró autora penalmente responsable de cuatro hechos delictivos contra la administración pública y tres en perjuicio de particulares. Sin embargo, en un octavo hecho imputado, identificado como hecho N° 2, ella y Branco Rodera Neira fueron absueltos. Similar situación se dio en el caso de Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera por otros hechos, al considerar que existían dudas razonables sobre su participación.
Además, se rechazó la solicitud de reparación económica planteada por las partes querellantes.