COLUMNA DE OPINION – POR FABIANA GONZALEZ, MANUEL AGULLEIRO Y JOSE LUIS GOMEZ.

A lo largo de este año fuimos aproximando algunas ideas, pensamientos, reflexiones, y perspectivas que han girado en torno a la Educación Sexual Integral en tanto política pública de Derechos Humanos; pero también fuimos trazando intersecciones necesarias con otros campos de conocimiento, temáticas, y asuntos en “agenda”, que van constituyendo lo que llamamos la “nueva agenda de la ESI”; que ponen en el centro de la escena la necesidad de ampliar la perspectiva de abordaje de la Educación Sexual Integral. Como docentes de la formación, y como militantes de temáticas vinculadas a la ESI, sostenemos que es necesario que los abordajes rompan el closet del aula, y se tracen institucional y comunitariamente. La ESI es un proyecto pedagógico y político que se debe constituir en un movimiento pedagógico que se inscriba en los distintos territorios, y que se resignifique a partir de las propias problemáticas resultantes del orden sexo-genérico que permitan la interpelación de las distintas expresiones violentas cisheteropatriarcales.

En simultáneo, y dado que hemos venido sosteniendo la centralidad de defender los Derechos Humanos, reconocemos que recientemente hemos transitado como chubutenses momentos intensos de defensa del ambiente, del territorio, del agua y la vida. No haremos énfasis en los porqués, pero sí reconocemos y destacamos el profundo compromiso de los diferentes sectores que se han movilizado en repudio a la ley de zonificación minera sancionada entre gallos y medianoche el día 15/12; ley que luego de distintas manifestaciones, movilizaciones, y acciones de repudio, debió ser derogada el día 20/12, apenas a 5 días de aprobada. Su derogación da cuenta del poder de las manifestaciones, movilizaciones, y de la calle como espacio público de expresión. Las movilizaciones sociales y colectivas a lo largo de la provincia han dado cuenta de la posición de gran parte de la población con respecto a la megaminería y a las políticas extractivistas y depredadoras del territorio. Y en este contexto que transitamos, quienes suscribimos a esta columna, participamos de las distintas formas de repudio y rechazo, viéndonos conmovidxs por la amplia participación de personas, principalmente de lxs jóvenes que, comprometidxs por el territorio y en defensa de los derechos humanos, del agua, y de la vida, participaron activamente de las manifestaciones; e incluso trazaron redes de colectivización de la lucha.

En este sentido, reconocemos que es necesario seguir profundizando la agenda de la ESI, y en su clave territorial o, al decir de Luciana Lavigne, su territorialización, trazar modos de abordaje que dialoguen con el ecofeminismo. Sabemos que los actos fundacionales del continente han estado marcados por la colonización, el despojo, la depredación, la destrucción y la muerte. Las perspectivas críticas “del Sur”, nos han permitido reconocer de qué modo las formas coloniales se han ido reestructurando, presentándose formas neocoloniales de dominación, de control, de predación. La megaminería, en este contexto, se presenta como una forma renovada de neocolonialidad del territorio, donde la explotación extractivista se trama con el patriarcado como sistema de dominación capitalista. La “dueñidad”, al decir de Rita Segato, se expresa como forma capitalista y patriarcal de dominación del territorio y de los cuerpos. La ESI como política de defensa de los derechos humanos, debe posibilitar que se interpelen profundamente las formas de dominación patriarcal, que siguen sujetando y ejerciendo violencia sobre nuestros pueblos.

En junio de este año se sancionó en nuestro país la Ley 27621 de Educación Ambiental Integral, y determina como algunos principios rectores: b) Respeto y valor de la biodiversidad: debe entenderse en el sentido de contrarrestar la amenaza sobre la sostenibilidad y la perdurabilidad de los ecosistemas y de las culturas que implica una relación estrecha con la calidad de vida de las personas y de las comunidades cuya importancia no es solo biológica; c) Principio de equidad: debe caracterizarse por impulsar la igualdad, el respeto, la inclusión, la justicia, como constitutivos de las relaciones sociales y con la naturaleza; d) Principio de igualdad desde el enfoque de género: debe contemplar en su implementación la inclusión en los análisis ambientales y ecológicos provenientes de las corrientes teóricas de los ecofeminismos. De este modo, la ley EAI nos aproxima un margen de posibilidad para trazar un abordaje que, en diálogo a la ESI, permita en las instituciones educativas problematizar en torno a la defensa del territorio, del agua, y de la vida.

Quienes suscribimos a esta columna, asumimos que tanto la ESI como la EAI, se conforman como leyes que se resignifican en estos márgenes, y nuestras instituciones y prácticas docentes deben configurarse poniendo en el centro a los Derechos Humanos. Este margen de interpelación nos permitirá, desde las instituciones, acompañar el desarrollo de ciudadanías críticas y amorosas con el ambiente; y en clave ecofeminista, reconocer a la megaminería como parte de un proyecto político-económico patriarcal que trae muerte y desolación. Los feminismos nos han aproximado herramientas analíticas y de acción que nos permitirán interpelar y seguir diciendo, ¡¡NO ES NO!!, ¡¡SI A LA VIDA!!.

*Fabiana González, maestra y profesora de Biología con formación en ESI y Enseñanza de las Ciencias; Manuel Agulleiro, Psicólogo, especialista en ESI; y José Luis Gómez, profesor y licenciado en Historia, especialista y diplomado en áreas vinculadas a Educación, Maestrando en Educación e Investigador en la UNQ.