Por Dra. Lorena Domínguez/Lic. en Psicología Gabriela Arce

En Argentina, nos acostumbramos a repetir cifras cada vez más trágicas, que aunque se replican de una manera fuerte y masiva, no pierden su efecto desolador.

En el año 2014 hubo 225 femicidios, murió una mujer cada 39 horas en el país; en el año 2015, subió la cifra a 235 víctimas, a razón de una mujer muerta cada 36 horas; y en el año 2016, las víctimas de femicidio fueron 254. A la fecha, la cifra de mujeres muertas, por la violencia de género, subió en un 8,8% respecto del año pasado.

En el 2009 se sancionó, a nivel nacional, la Ley 25.485 que intenta ponerle limites a la Violencia Contra La Mujer en nuestro país. En la provincia del Chubut existe la Ley XV Nº 12, sancionada en el mismo año, que establece algunas medidas cautelares a fin de poner en resguardo la integridad física de la víctima y su entorno familiar -exclusión del hogar conyugal, prohibición de acercamiento, entre otras – y establece la detención del agresor de hasta cinco días ante el incumplimiento de alguna de estas medidas; y su complementaria, de este año, Ley XV Nº23, cuyo Art. 3 a prima facie, parece esperanzador, establece entre otras cuestiones, el subsidio para el pago de alquileres, la posibilidad de que las mujeres víctimas de violencia obtengan un trabajo estable en la administración pública provincial, y accedan a créditos en el Banco Chubut, con tasas subsidiadas.

Aún así, quedan cuentas pendientes que tratar. A nadie le cabe la menor duda que es un grave problema nacional. Las cifras son cada días más alarmantes, y pese a ello, solo 18 provincias adhirieron a la Ley Nacional. Existen escasas casas de refugio a lo largo del país, dependientes del Estado Nacional y Provincial. Las políticas públicas dirigidas a atender la problemática son prácticamente inexistentes. Difícilmente se pueda atacar y erradicar un problema sin la decisión política de hacerlo, sin la prevención y educación necesaria que debe partir, en primer lugar, desde nuestros hogares, y al decir esto se me viene a la mente un cartel que llevaba una niña en una de las tantas marchas de “Ni una menos”: “la sociedad necesita dejar de criar machitos y princesas”. El mensaje es fuerte y esperanzador, apunta a un profundo cambio cultural. La modificación radica en tomar consciencia y des – construir aquellos modelos de comportamientos que ubican a los géneros en un “deber ser”, que instala la desigualdad en la raíz de los vínculos.

La violencia no es una sola sino que se reproduce de múltiples formas. Hablamos de “violencias”. Desde las que se tornan visibles a través de los golpes y los abusos corporales hasta aquellas imperceptibles que se encuentran enquistadas en las palabras, los insultos, las humillaciones, el manejo del dinero, el control, etc.; naturalizadas en el juego de relaciones de poder que  subyace a todo acto violento. Los efectos que generan estas “violencias” redundan en las huellas psicológicas que perduran, con el tiempo, en las mujeres. La vergüenza, el miedo y la culpa son algunos de los sentimientos habituales que deja en forma “paralizante” el/los episodios violentos en la mujer.

No es menor el dato que, de las 254 mujeres muertas en el año pasado, sólo el 20% de ellas había denunciado. Tomar la determinación de salir de esa situación, darse cuenta que “no es lo que soñaste para tu vida”, que no está bien,  el “aguantar por los chicos”, que en realidad “si te ama no te debe maltratar”, forman parte de las tantas decisiones que tiene que afrontar una mujer al momento de querer poner un límite.

Cuando logra dar el importante paso de realizar la denuncia y se acerca a la Comisaría, y cree que allí va a estar cuidada, cuidada en el sentido más amplio y remoto de la palabra: que no la cuestionen por qué va acompañada, porque es su Derecho; que no la miren como si lo que le está contando no configura violencia; que no le pregunten si está golpeada, y si le contesta que no, le dicen que se lo van a tomar como Presentación Espontánea o Exposición. ¡No! Ella fue a denunciarlo, y es su Derecho exigir que así sea. Y nos preguntamos, por qué ese 20% que logró denunciar, hoy es un dato estadístico, y la respuesta es inmediata, la Ley por sí sola no alcanza. El patrocinio letrado es gratuito hasta la primera audiencia, en el que se intenta “conciliar” una situación de violencia o, lo que es peor, toda una vida de violencia. Y aquí, lamentablemente, viene otra cuestión altamente limitante, como lo es la situación económica de la víctima, gastos para, en el peor de los casos huir de ese hogar, pagar a un abogado de su confianza, y sobrevivir sin los ingresos económicos que tal vez aportaba el agresor.

En las situaciones de violencia contra la mujer, la Ley por sí sola no alcanza, pero es necesario que funcione como el límite externo que todo acto violento requiere. Las acciones de protección a la mujer presentan fisuras. Muchas de ellas se continúan por el impulso de la propia víctima. Las expuestas anteriormente han sido sólo una muestra de las falencias que tiene el sistema. La Ley, en su letra, es valiosa y nos brinda herramientas útiles para abordar cada situación particular. Desde el Estado todavía quedan cabos sueltos como, por ejemplo, la atribución de subsidios, programas específicos que trabajen la temática, abordajes interdisciplinarios desde una perspectiva de género, apoyo a las agrupaciones que colaboran en la erradicación de la violencia contra la mujer, etc.

Entonces, sólo nos queda seguir preguntando en cada espacio social conquistado: ¿Será justicia?