Hay dos nuevos imputados por el espionaje ilegal a vecinos

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El juez Guido Otranto procesó a dos nuevos agentes de inteligencia en el marco de la investigación por la causa de espionaje ilegal a vecinos de Esquel que comenzó en el año 2015.

Los nuevos agentes de inteligencia sumados a la causa tendrían directa relación con el hecho. Uno de ellos reside en Esquel y sería quien efectivamente confeccionó las fichas. Mientras que el segundo sería su jefe y vive en Trelew.

El agente local le habría entregado el material a su par, quien las presentó al Ministerio Público Fiscal entre la información ligada con una supuesta investigación por la toma de tierras.

El juez Otranto definió el procesamiento que fue apelado por el defensor oficial y ahora esperan la respuesta de la Cámara.

Por otra parte los fiscales Rivarola y Bottini y los dos policías, el comisario Adrián Alejandro Muñoz y el oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez se encuentran sin procesamiento firme, lo que fue apelado nuevamente en la Cámara de Casación en Comodoro Py por parte de la querella integrada por los vecinos que fueron víctimas del espionaje ilegal.

Cabe recordar que en el 2015 se descubrió que más de 30 vecinos de Esquel y la zona fueron espiados ilegalmente por personal de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de una causa judicial que involucraba a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen y la multinacional Benetton. La característica en común de las víctimas es la lucha contra la megaminería.

El defensor público Fernando Radziwilowski reveló en agosto de 2015, en la causa por “usurpación” que la multinacional Benetton había iniciado contra la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen que reclama sus tierras ancestrales, la existencia de un archivo digitalizado con el título “Activistas antimineros de la Comarca Andina”, con nombres, fotos e información de veintiséis personas, que después se descubrió que eran más de treinta.

Frente a esto los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini hicieron una denuncia penal, llegando a la conclusión de que la documentación había sido presentada por un espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al Ministerio Público Fiscal en una reunión realizada tres meses antes. Esto se hizo sin orden judicial y violando la Ley de Inteligencia, que prohíbe que los miembros del Poder Judicial se vinculen directamente con los agentes si no está designado por la máxima autoridad de AFI. A partir de esto, el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Guido Otranto, inició una investigación que aún hoy se encuentra en trámite y sumó en las últimas semanas a dos agentes de inteligencia como nuevos imputados.

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