Fue Fiscal General, fiscal jefe y desde hace más de tres años lidera el equipo de la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia de Género que interviene en casos de amenazas, lesiones físicas de diferente gravedad, daños, violencia física y patrimonial, violencia sexual y económica como así también en aquellos inherentes al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.      

La abogada María Bottini recibió en su despacho del segundo piso de Fiscalía a La Portada y en esta entrevista ofreció detalles del trabajo que se realiza desde la Agencia. Mencionó, además, el rol del Estado en la prevención y la injerencia de los medios de comunicación en la difusión de la problemática.

Confió, asimismo, que en el marco del trabajo cotidiano “la escucha activa impacta a nivel emocional porque nos comprometemos con las víctimas”. Resaltó el valor de las víctimas para atravesar el proceso judicial y aseguró que “cuando se logran condenas es un logro más de las víctimas y su entorno que nuestro”.

Bottini también reconoció que “ver que la víctima pudo rearmar su vida y está feliz es la parte linda de este trabajo”. Abogó para que las víctimas “puedan tener independencia económica y asistencia psicológica en lo cotidiano” y señaló que es importante que los imputados accedan a la asistencia psicológica “porque cuando se los manda a hacer un tratamiento psicológico es necesario que haya personal especializado para atender estas problemáticas. Hasta la fecha no lo hay, pero sé que hay proyectos en la provincia”.

La Portada: ¿Desde cuándo está a cargo de la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia de Género?

María Bottini: Estoy a cargo desde su creación en Abril de 2016. Al principio éramos dos, pero el equipo se fue ampliando con la incorporación de otros funcionarios. Con la incorporación de la doctora Cecilia Bagnato estaremos bien, pero no es un equipo grande porque lo nuestro va casi todo a juicio. Tenemos mucha demanda social con la particularidad que estos delitos no hace mucho tiempo empezaron a investigarse con situaciones de violencia que antes estaban naturalizadas y no se denunciaban. Las investigaciones, además, tienen cierta complejidad por el tipo de delito.

L.P: ¿Qué objetivos se propuso al asumir la conducción de la Agencia?

M.B: El objetivo era poder abordar los casos específicamentede acuerdo a los requerimientos de las víctimas. Lo que más nos importaba era tener un contacto fluido con las víctimas para que se pudiera establecer un vínculo e informarles de cada paso que se daba en el proceso. Creo que eso se fue logrando y a quienes ingresan a la Agencia les marcamos que esta es la manera de trabajar. Como Fiscalía pretendemos dar una respuesta de adecuada para el caso. La respuesta no siempre es una condena porque tenemos un deber de objetividad y no podemos llevar todos los casos a los tribunales o instancias de juicio oral, pero si debemos dar respuestas para que la víctima esté debidamente informada de cuáles son los pasos que se pueden seguir en el proceso penal y cuáles son las consecuencias que puede afrontar el imputado.

L.P: ¿Trabajan junto a otras instituciones para brindar contención?

M.B: Dentro del Ministerio Público Fiscal está el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delitoque cuenta con profesionales de distintas áreas. Están las psicólogas que brindan el acompañamiento durante el proceso y también hay trabajadoras sociales que llevan adelante otro tipo de acompañamiento y entablan lazos con otras instituciones para resolver otras cuestiones que hacen que las víctimas puedan atravesar todo el proceso penal que suele ser bastante difícil. Cada audiencia genera sentimientos ambivalentes porque por un lado se requiere que se haga justicia y por otro lado es una situación de sufrimiento y estrés. Eso se trata de neutralizar con la intervención de estas profesionales.

L.P: ¿Considera que las víctimas, en líneas generales, quedan conformes con el accionar de la Justicia?

M.B: Eso depende de muchas cosas. Si se obtiene una condena en juicio a veces se van conformes y otras no porque esperaban algo más. Las victimas pretenden que la persona vaya presa y a veces la condena no indica eso. Las personas que llegan lo hacen con problemas bastante graves y no siempre la solución está acá. Es por eso que lo que más nos interesa es informarles previamente para que sepan cuáles son sus derechos y qué se puede hacer aquí en Tribunales con ese caso. Todo depende de las expectativas de cada uno y eso excede los tecnicismos legales, pero en general las víctimas se van conformes porque llegan a entender de qué se trata esto y qué pueden obtener. La realidad es que de los casos que decidimos llevar a tribunales no siempre podemos tener una condena porque los jueces tienen un rol distinto al nuestro. Ellos tienen que buscar el equilibrio entre las garantías (límites al poder coercitivo del Estado) de los imputados. Puede ocurrir que haya absoluciones, aunque este año hemos tenido todas condenas. Somos muy responsables de lo que llevamos o no a juicio. Las víctimas a veces no están conformes con las penas porque quizás pretendían más años o una pena de efectivo cumplimiento. Hay mucha demanda, también, por parte de las víctimas respecto de los tiempos. La verdad es que los tiempos de la justicia nunca son los tiempos de las víctimas. Tratamos de trabajar lo más rápido que podemos, pero hay cosas que nos exceden como los plazos procesales porque hay que considerar los recursos de apelación que tienen los imputados y el derecho de que otro tribunal vea el caso y hasta llegar al Superior Tribunal en Rawson. Los tiempos de la justicia son demasiados largos. A las victimas les gustaría tener una respuesta más rápida y eso sería lo óptimo.          

L.P: ¿Debería tener el Estado un rol más activo en la prevención de la violencia de género?

M.B: Hay cuestiones culturales que ya están cambiando. Eso se nota en las denuncias que se hacen y en las víctimas que nos piden ayuda que llegan acompañadas por sus hermanas o madres. Desde el Estado hay intervenciones que son muy buenas como la de Comisaría de la Mujer. El rol activo del Estado también estaría en las políticas públicas y campañas de prevención que hay bastante de esto. En las escuelas también hay jornadas a las cuales somos invitados. Se da allí un intercambio interesante con los adolescentes. Es importante que desde ese momento ellos empiecen a deconstruir el patriarcado que es el disparador de la violencia en la medida que la mujer no se adecue a determinados cánones culturales. Lo fundamental es la educación y desde Fiscalía tenemos algunos programas como Fiscalía Abierta y vamos a las escuelas cuando somos convocados. Todos y todas debemos conocer nuestros derechos.

L.P: ¿Cómo debieran los medios de comunicación colaborar con la visibilización de la problemática?

M.B: Los medios tienen un rol fundamental como sucede con la difusión de Ni Una Menos. El cómo se comunican estos hechos no es menor porque si se hace haciendo eje en algo peyorativa hacia la víctima o dando a conocer datos que pueden afectar la intimidad no es la forma. Muchas veces las personas no quieren quedar expuestas a nivel social especialmente en comunidades chicas. De todas maneras la principal responsabilidad es de los organismos del Estados que trabajamos en estos casos respecto de qué datos damos a conocer y cuáles no. Tenemos protocolos de actuaciones en relación a cómo se comunican este tipo de hechos y los teneos que cumplir. La mirada de los comunicadores también es importante porque son los encargados de dar la información a las personas teniendo especial cuidando al inicio de no dar información que pueda alterar la investigación o sobre la identidad de la víctima. Es responsabilidad de todos los ciudadanos no dar opiniones sobre estas cosas (desde las Redes Sociales) porque son temas muy delicados y se puede generar un impacto emocional y psicológico importante.      

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