A principio de año el gobierno de la provincia se comprometió a realizar acciones en beneficio de los trabajadores y del pueblo en general. A luz de lo acontecido, es de suponer, sabía que esos compromisos eran de difícil o imposible cumplimiento. Los compromisos se plasmaron en paritarias, justo en momentos de campaña electoral del Sr. Arcioni. El accionar no difiere mucho del seguido a nivel nacional: promesas de bienestar incumplidas y desastres económicos. AL no haber ley que sancione al funcionario que no cumple lo prometido, no es fácil un reclamo legal; y el pueblo se ve obligado a manifestarse por otros medios. A nivel nacional, en este momento, está la posibilidad de manifestarse electoralmente.  Pero en la provincia la elección ya tuvo lugar: el actual gobernador legitimado por 4 años más.

Cabe la pregunta: ¿qué sucedería si el Gobierno ganara esta pulseada?

Desde el punto de vista material: muchos estudiantes dejarían de estudiar por no poder pagar un transporte, la atención hospitalaria seguiría empeorando, las instituciones seguirían con los problemas de infraestructura y partidas insuficientes (suspensiones de actividades y deterioro de la calidad educativa, de salud, etc.), varios trabajadores verían reducido aún más su salario frente a una inflación que no para de aumentar.

Pero eso no es todo: ganaría un engaño, una degradación evidente del concepto más elemental de “democracia”, ganaría la “avivada” de quien ejerce el poder y puede, desde ese lugar privilegiado, prometer lo imposible para ganar elecciones.

La manipulación del poder, su conciencia por parte del manipulado o engañado, enfurece tanto como las carencias materiales. El sistema legal ofrece salidas inaceptables:

  • juicio político e intervención de la Provincia (intervención de funcionarios nacionales responsables de una terrible crisis económica y política);
  • acciones legales por incumplimiento de paritarias (sobre la base de un sistema judicial extremadamente lento que podría dictar sentencia quizá después de que finalice el nuevo período gubernamental de 4 años);
  • inicio de un procedimiento de revocatoria de mandato (con aval constitucional, pero sin ley reglamentaria ya que hace más de 25 años los legisladores no legislan sobre el tema).

EL Gobierno rompió las normas de convivencia que le darían cierta legitimidad, El sistema legal no puede dar respuestas satisfactorias. En estas circunstancias: ¿qué puede hacer el pueblo para garantizar mínimamente su calidad de vida o su supervivencia y salir del lugar que le da el poder?

En el terreno de una legalidad quebrada por quien debería resguardarla, las respuestas colectivas no son tampoco todas “legales”: cortes de rutas, toma de edificios públicos. Y el poder comunica que un artículo de una reglamentación no se respeta y que va a aplicar mecanismos legales para reprimir la protesta (descuentos, acciones policiales, etc.).

Hay un aspecto más, de orden político-económico, que merece destacarse: la propuesta de solución económica, presentada por la MUS (mesa de unidad sindical) el año pasado.

Ese proyecto consiste en la aplicación temporaria de impuestos extraordinarios al sector económico concentrado de Chubut. Aparentemente, por cuestiones legales, el mismo no puede llevarse adelante. Otra vez, las cuestiones legales en un contexto de ilegalidad: no son legales los cortes de ruta pero no se aplica la paritaria con fuerza de ley; no es legal la aplicación de impuestos extraordinarios ni la falta de garantías de educación y salud; pero el sector económico dominante sigue acumulando capital mientras que escuelas y hospitales se caen a pedazos. Desigual aplicación de la ley, según la posición ocupada; conocida práctica política de legalidad coercitiva hacia abajo y ceguera “legal” hacia arriba. En una palabra: Militancia política de la DESIGUALDAD por parte del gobierno provincial.

Ante esta situación no hay posible neutralidad. Es cierto que mi función “normal” no es la protesta. Pero en medio del estado de anormalidad imperante, si como docente, doy clase como si nada, lejos de garantizar el derecho de aprender, estoy aceptando la falta de garantías estatales en relación con la educación pública (EJ: TEG, infraestructura), el engaño del poder hacia los trabajadores, la ilegalidad que establece la desigualdad. Idéntico planteo podría hacerse el médico/a, enfermerxs, auxiliares, trabajadores de la justicia, policías, viales y otrxs trabajadores/profesionales.

Invito al lector a pensar una respuesta a la pregunta formulada más arriba: ¿qué sucedería si el gobierno ganara esta vez? Y dos preguntas más: ¿Qué papel ocupo en este conflicto? ¿Qué puedo hacer por la igualdad que sostengo (según mi propio concepto)?

 

Por Andrés Castello, docente, Lic. en Filosofía, representante sindical