El defensor público Marcos Ponce aseguró en diálogo con La Portada que es necesaria la implementación de un nuevo Código Penal en el país, ya que el actual data de 1921, aunque consideró que debe ir acompañado de una reforma integral del sistema penitenciario. En este sentido opinó que el aumento de las penas en forma aislada no soluciona el índice de delitos. “Hoy a la persona privada de su libertad no se le brinda ninguna posibilidad de reinserción social”, destacó.

Desde hace unos meses una comisión presidida por Mariano Borinsky se encuentra trabajando en un anteproyecto de reforma del Código Penal de nuestro país que data de 1921 y en este siglo ha sufrido alrededor de 900 modificaciones. La idea del Gobierno Nacional es ponerlo en vigencia en 2019. Sin embargo hay quienes dudan que esto se lleve a cabo por ser un año electoral.

La Portada visitó la oficina del defensor público Marcos Ponce para consultarle qué tan necesaria es la aplicación de un nuevo Código Penal en el país y cuáles serían los mayores cambios que propone el proyecto. “Es una reforma absolutamente necesaria porque tenemos un Código Penal que data de 1921, que fue muy bueno en su momento y de hecho ha sobrevivido un largo siglo, pero hay que modificarlo dado que la realidad social, cultural y humana han variado desde ese entonces a la fecha”, opinó.

Además señaló que “el Código es un todo integrado que se ha ido modificando de acuerdo a los humores de cada gobierno y ha empezado a haber un desajuste en las penas”. Consideró necesario que se incorporen aquellas leyes que se fueron sancionando en este tiempo como también se eliminen aquellas que han quedado en desuso. En este sentido citó como ejemplo la figura del duelo, donde se desafiaba a otro para salvar su honor y se producía una lesión o un homicidio. Si bien la misma fue derogada en una ley, todavía se puede encontrar en los libros de hace diez años.

Uno de los conflictos históricos que se pretende modificar y que tiene que ver con la realidad social actual es el aborto. “El Código de 1921 penaba el aborto salvo en casos específicos en los que corría peligro la salud del feto y la madre o se trataba de una violación. Con el nuevo Código, se expresaría directamente la posibilidad de abortar en los casos de abuso sexual y en el caso de las mujeres que provocan su aborto, que hoy es punible y pueden ir presas, se le da la facultad al juez de poder eximirla de pena”, explicó.

Otro aspecto principal de este anteproyecto es la competencia territorial. “El Código en vigencia rige solamente para los delitos cometidos en Argentina y el nuevo pretende juzgar los hechos que no sólo se cometieron en el país sino también en el exterior cuando el autor o la víctima sean argentinos y el Estado Argentino haya firmado convenios con otros países en cuanto a la extradición y el compromiso de juzgar aquellos delitos”, planteó. Sin embargo opinó que “en la práctica va a ser difícil de aplicar porque Argentina estaría asumiendo competencias que no le son propias”. 

También comentó que en el nuevo Código se endurecen las penas para los delitos viales, que es un reclamo importante de la sociedad ya que es la mayor causa de muerte en el país. Se contempla también a aquellos que organicen actividades que pongan en riesgo la vida de las personas (picadas) como también se considerará delito a aquel que se resista al test de alcoholemia o químico. Se incorpora la figura de los testigos arrepentidos siempre que aporten colaboraciones sustanciales a la causa. Se sanciona todo lo que esté relacionado al comercio y la facilitación de estupefacientes. La violencia de género se contempla como agravante y en los casos de abuso sexual se agravan las penas. Se incorporan los delitos informáticos desde el grooming a los delitos financieros y se agregan nuevas figuras relacionadas a la corrupción.

 

Un Código punitivista

El abogado penalista valoró el trabajo que se encuentra haciendo el Dr. Mariano Borinsky, camarista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su formación y capacitación penal. “Se ha pretendido darle un tinte federal al nuevo Código”, resaltó. Asimismo indicó que “se trabaja en el aumento de las penas como una respuesta a la sociedad al reclamo permanente de la inseguridad y esto puede ser una cuestión electoralista”.

Al respecto opinó que “se pretende que aumentando las penas vamos a bajar la inseguridad y es algo que no resultó en el mundo”, y agregó que “venimos de reformas parciales donde se han endurecido las penas y la delincuencia sigue aumentando porque esto se resuelve de otra forma”.

De esta manera sostuvo que el nuevo Código es “más punitivista” y “pretende restringir las facultades de los jueces, en algunos casos de manera correcta y en otros va a ser cuestionable porque le impone que debe tomar determinada pena cuando los delitos son graves”.

Por último Ponce opinó que al nuevo Código Penal le falta darle un tratamiento serio al tema del aborto. “Resolverlo como pretenden hacerlo es seguir cediendo ante ámbitos de poder que nada tiene que ver con el sistema penal. Tenemos la oportunidad histórica de brindarle derechos a aquel que pretende garantizarse con estos mismos, no es imponer ni obligar. Un avance fundamental sería no punir el aborto”, cerró.