El período de vacaciones y la atención de los medios de comunicación nacionales centrada en casos especiales que tienen especial impacto en las Redes Sociales hacen que los incrementos de tarifas y servicios anunciados pasen casi desapercibidos hasta que – boletas en mano – se deba abonarlos. Se generará, en este cuadro de situación, un impacto negativo sobre el índice que mide la variación mensual de los precios. La inflación, según adelantan los economistas, superaría al 2 por ciento durante este mes.

Febrero llegó con incrementos de tarifas en colectivos, trenes, luz, prepagas, peajes y telefonía celular, combustible, Monotributo por citar algunos ejemplos que afectan a muchos argentinos. Y algunos de ellos también impactarán en los bolsillos de los patagónicos encareciendo aquello que ya suele ser costoso y de difícil pago especialmente para quienes no percibieron – en la segunda mitad del año pasado – incrementos salariales o para quienes recibieron una suba de haberes que no se condice con los verdaderos índices de inflación.

Vale como ejemplo citar dos casos puntales de incrementos de tarifas: telefonía celular. La empresa Claro incrementó 10% los precios para los clientes prepagos en enero en tanto que Personal hará lo propio con una suba del 12% promedio para prepagos y pospagos. La empresa Movistar manejaría incremento en similares porcentajes. En el caso de la medicina prepaga la suba – autorizada por el Gobierno Nacional hacia fines de 2017- llegará al 4 por ciento. Es válido recordar que este sector, durante el año pasado, aplicó un incremento 31, 3 por ciento en cuatro etapas por lo que este aumento de febrero podría ser el primero.

Lejos de los porcentajes y de los fríos números de la economía se encuentras los trabajadores quienes deben realizar “malabares” para hacer frente a todos los gastos que implica la vida cotidiana y una situación mucho más compleja atraviesan quienes perdieron sus empleos en los últimos dos años y quienes temen perderlo como consecuencia del ajuste que se aplica tanto en el sector estatal como privado porque para quienes conducen el Estado Nacional no existe otra alternativa y el ajuste lo sigue pagando el trabajador.

 

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