Hoy la causa que investiga el espionaje ilegal a más de treinta vecinos de Esquel y la zona tiene un solo procesado: el espía de la Agencia Federal de Inteligencia, ya que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó el procesamiento de los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola como de los policías Claudio Rodríguez y Adrián Muñoz. Si bien se solicitará a Casación que dicha decisión sea revocada, las víctimas aseguran que se sienten desprotegidos, perseguidos y temen que haya impunidad.

Los vecinos tomaron conocimiento de estaban siendo investigados cuando el defensor público Fernando Radziwilowski reveló, en el marco de la causa por la usurpación de tierras entre la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen y la multinacional Benetton, un archivo digitalizado con el título “Activistas antimineros de la Comarca Andina”, con nombres, fotos e información de más de treinta personas en forma de fichas. Esto abrió una investigación, a cargo del juez federal Guido Otranto, que derivó en el procesamiento de los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola como de los policías Claudio A. Rodríguez y Adrián A. Muñoz por tener contacto con el agente de inteligencia, y de este último por hacer inteligencia ilegal y manipular información prohibida. Sin embargo la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó el pasado 11 de octubre revocar el procesamiento a los fiscales y los policías, quedando solamente con efecto el del espía.

El abogado Gustavo Macayo, quien junto a Osvaldo González Salinas representan a los vecinos espiados ilegalmente entre los que también se encuentran, contó que presentaron un recurso de casación contra ese fallo, que lo entendemos inconsistente, falto de fundamentación y que deja prácticamente la causa a la deriva”.

Prueba irrefutable

La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia admite los hechos porque hay un video que registra la reunión entre el agente de inteligencia con los fiscales y los policías, pero entiende que no hay dolo en la conducta de los cuatro procesados, por lo tanto considera que no tienen responsabilidad delictual. Al respecto, Macayo expresó que “nosotros no compartimos esto porque sería admitir que no conocen el derecho y eso no se puede aceptar. No solamente los ciudadanos no podemos desconocer el derecho sino que mucho menos los fiscales ni los comisarios de Chubut. De ninguna manera podemos pensar que ellos desconocían la ley y el contexto en el cual se estaban reuniendo con este agente que él mismo había advertido que venía de incógnito”.

Por ello solicitan que se revoque la decisión de la Cámara de Apelaciones y que se deje firme el procesamiento que se dictó a principio de este año. “En la medida que la causa pueda avanzar, llegar a un juicio oral y público y pueda haber una sentencia, nosotros nos vamos a poder sentir respaldados por el sistema judicial. Pero en este momento todos se sienten muy desprotegidos, perseguidos y no queremos que haya impunidad. Queremos que se esclarezca y se condene a los responsables”, destacó.

Mayores responsables

El abogado Osvaldo González Salinas recordó que el espía en su indagatoria declaró que actuaba en base a órdenes de sus superiores. Si bien no reveló ningún nombre, se identificó como parte de la Agencia Federal de Inteligencia y contó que vino a Esquel para hacer trabajos de investigación. Hoy es el único procesado. “El hilo se corta por lo más delgado”, expuso el letrado, quien apuntó que “hay que investigar las responsabilidades de más arriba porque estamos convencidos de que algún funcionario de la AFI ordenó este espionaje y no descartamos que haya participado el Gobierno de Chubut como tampoco las empresas mineras y la multinacional Benetton con recursos, porque el espía mezcla el movimiento del No a la Mina con la ocupación mapuche de tierras, y nos parece que ahí hay una directiva que viene de mucho más arriba”.

“Periodista y activista”

Así se lo definió a Federico Ovidi, quien es una de las víctimas del espionaje ilegal junto a otros periodistas comprometidos con el movimiento del No a la Mina. Aseguró que ver su foto en ese archivo “fue un golpe”. Si bien al principio le causó gracia y no le tomó importancia, luego comprendió la gravedad de la situación y empezó a preocuparse. “Hubo gente a la que le hicieron un seguimiento más exhaustivo”, destacó.

Asimismo contó que entre los trabajadores de prensa se sabía que había un falso periodista que sólo sacaba fotos de las manifestaciones, protestas y actos de gobierno, que decía que tenía un blog que nunca actualizaba.

Por último se manifestó preocupado por la inacción de la justicia. “Me desilusionó que el Consejo de la Magistratura archivara la causa cuando había un montón de elementos para investigar a los fiscales y que la Cámara de Apelaciones decidiera desprocesarlos por entender que se cometió el delito pero no hubo dolo”, finalizó.