Desde el 2 de agosto, los dos jóvenes investigados por su presunta vinculación con un violento robo a un hombre de 60 años, permanecen con restricciones a su libertad. La investigación continúa y según informaron el funcionario Julián Forti y la Fiscal María Bottini, hay nuevos elementos que los comprometen con la autoría del robo.

El 23 de julio a las 9.20 horas dos personas de sexo masculino, se dirigieron premeditadamente al domicilio de un hombre de 60 años, golpearon la puerta y al atenderlos le preguntaron si tenía “algún trabajito”. El dueño de casa les dijo que sí, que aguardaran y les traería bolsas para juntar ramas.

Ante esto los imputados ingresaron al domicilio, tomando al hombre por la espalda tirándolo de manera violenta sobre un sillón del living mientras le preguntaban “dónde tenía la plata” y refiriéndole de manera intimidante “a vos te vendieron, vos tenés dólares”, a la vez que lo amedrentaban exhibiéndole un cuchillo y lo golpean con el mango en la cabeza, indicándoles la víctima que la plata estaba en la billetera que estaba sobre la mesa.

Momentos después uno de los autores del hecho tomó un cable cargador que se encontraban en el lugar, le ató las manos a la víctima y con un cinturón los pies, para llevarlo al baño y arrojarlo dentro de la bañera. De este modo sustrajeron una billetera que contenía dólares, pesos  y documentación personal; dos pistolas de aire comprimido y un teléfono celular marca Samsung modelo J4. Luego se retiraron del lugar dejando a la víctima atada. Momentos después logró desatarse y pedir ayuda.

Forti solicitó que continue hasta la audienica preliminar, la prisión domiciliaria con salidas laborales.

La defensora Valeria Ponce, insiste en que no hay elementos objetivos para acreditar la autoría de los imputados. Indicó que, si se demostrara que el teléfono que fue secuestrado es de la víctima, se podría imputar un encubrimiento, pero no es suficiente para la autoría. Pidió que la medida se sustituya por una presentación periódica en comisaría.

El juez José Luis Ennis hizo lugar al pedido de continuidad de la medida requerido por la Ficalía. A criterio del juez los elementos reunidos hasta el momento son suficientes para el dictado de la medida y está debidamente fundada la necesidad de la misma.

“En este caso es un delito contra la propiedad en el que se estableció violencia y ese me parece que es un dato que permite establecer una diferencia y que torna razonable en este caso, a diferencia de otros casos exclusivamente patrimoniales, la adopción o el sostenimiento de la medida que pretende la fiscalía”, valoró el juez. El magistrado dispuso la continuidad de la medida en los mismos términos por un plazo de 45 días o hasta la audiencia preliminar si esta ocurriera antes.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.

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