La firme decisión del Gobierno de instalar la zonificación minera en la Meseta, muy posiblemente como paso previa a la habilitación de la actividad en todo el territorio provincial tuvo, recientemente, un nuevo capítulo. 

Es que la Legislatura aprobó el dictamen que rechazó el proyecto de Iniciativa Popular el cual es abalado por más de treinta mil firmas de vecinos de distintos puntos de Chubut. Por segunda vez los vecinos de las Asambleas sintieron la decepción y alzaron sus voces para rechazar esa decisión. Esa participación ciudadana de la que tanto se habla desde los estamentos gubernamentales y que se dice incentivar en este caso fue ignorada.

La Iniciativa Popular merecía el tratamiento de los legisladores o al menos la convocatoria para instalar el debate con quienes presentaron el proyecto. Esto último debió ocurrir como debería hacerlo con todo proyecto presentado por los ciudadanos.

Las autoridades provinciales ni los legisladores podían ignorar cuál sería la reacción de los vecinos de Esquel y de otras ciudades. Cuando por un lado se pide una menor circulación para evitar más personas afectadas por el COVID-19 se toman decisiones que – casi inevitablemente – generan malestar que se expresa en las calles, en las rutas y en la toma pacifica de municipios.

Si la intención es evitar la concentración de personas una decisión de estas características definitivamente no va en esa línea. Desde hace ya muchos años, los vecinos, defienden el agua y la vida, pero eso no es escuchado.

¿Por qué cuesta tanto escuchar al pueblo? Quizás porque escucharlo implicaría reconocer que el camino elegido es el equivocado, porque priman los intereses políticos y económicos, porque no se cuenta con la capacidad para generar proyectos productivos, por la negativa a discutir un nuevo modelo de provincia o porque es preciso “obedecer” algún mandato nacional. Sea cual fuera la razón está muy lejos del sentir de la gente. Esa misma  gente a la que en campaña se le dijo que no se aceptaría la megamineria.

Escuchar al pueblo no es retroceder, es simplemente entender su sentir y sus convicciones que sólo tienden a defender el medioambiente y a la generaciones futuras.

Respetar al pueblo debiera ser una máxima para cada político en funciones también y para aquellos que pretendan incursionar en política en un futuro cercano. En tanto eso sucede los vecinos seguirán (seguiremos) diciendo No es No y reclamando por el tratamiento de la Iniciativa Popular porque es muy cierto que “nos deben una ley”.