La funcionaria de Fiscalía, Marta Ruth Monge, se opuso al pedido de los abogados defensores Martín Castro y Rodrigo Miquelarena, de reemplazar el encierro preventivo de su defendido por un arresto domiciliario. A requerimiento de la juez Fernanda Révori, se revisó la continuidad de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento. La magistrada entendió que la defensa no aportó elementos para acreditar que la medida sustitutiva sería suficiente para cautelar el proceso.
Monge detalló las evidencias que vinculan al imputado con el violento robo a los turistas italianos. Expuso además datos de su conducta procesal en este y otros procesos y señaló que se dan todos los requisitos exigidos por el Código Procesal para mantener la prisión preventiva.
Los abogados defensores hicieron su planteo basados en supuestos problemas de salud del imputado que se verían acrecentados por su permanencia en un centro penitenciario. En abril resultó herido en el lugar de detención, produciéndosele un hemotorax. Los letrados sostienen que esto hace que tenga una afección pulmonar que se resiente por la falta de calefacción adecuada, además de la carencia de los cuidados que podría tener en su domicilio.
Para sostener su pedido requirieron la historia clínica del imputado al Hospital de Trelew, pero no solo no fue respondido el pedido de los letrados, sino que tampoco recibió respuesta el requerimiento similar realizado a través de la Oficina Judicial de Esquel. Castro y Miquelarena, pidieron que se los autorice a que el imputado sea revisado por un médico legista de su confianza, alegando que el Cuerpo Médico Forense de Trelew está trabajando solo con casos urgentes.
En su resolución, la juez Fernanda Révori, repasó lo sucedido en audiencias desde el control de la detención en el que el imputado había ofrecido una coartada. Sus dichos fueron investigados por la Fiscalía y en la audiencia del 20 de marzo se descartó la versión de los hechos del acusado, corroborándose la hipótesis fiscal con nuevos elementos. “Entiendo que las evidencias con las que aun cuenta el MPF para tenerlo como probable autor o partícipe del hecho que se está investigando” son las requeridas para esta etapa, añadiéndose nuevos elementos de cargo que aumentan la probabilidad de autoría.
Révori entendió que siguen latentes los peligros procesales en la investigación en curso. Valoró en contra del imputado, la imprecisión en el domicilio aportado. Desde el comienzo de la investigación ofreció tres domicilios distintos como lugares de residencia. También tomó en cuenta la gravedad del hecho, con armas de fuego, muchas personas involucradas, turistas extranjeros que habían venido de vacaciones a la provincia, lesiones certificadas en uno de los choferes de la trafic, tareas de inteligencia y logística para preparar el hecho, entre otros elementos.
Por otra parte valoró que el imputado tienen otro proceso penal por desobediencia y amenazas en Trelew, por el que se le había dado la libertad monitoreada con la tobillera electrónica. La Fiscalía sostiene que el habría logrado quitársela y la manipulaba para evitar ser controlado.
También valoró Révori que el imputado en libertad podría influir en coimputados y/o en testigos, concluyendo que por el momento el arresto domiciliario no alcanza a cautelar la investigación.
Respecto del estado de salud, Révori señaló que el 21 abril se le dio el alta médica indicando una evolución favorable siendo trasladado nuevamente al centro de detención. No hay informes del centro de detención de que haya habido un problema de salud, no se pidió traslado al hospital, ni ninguna otra situación médica informada.” Donde usted está detenido en el Instituto Penitenciario provincial de Tw, tiene enfermero permanente y un médico que va dos veces por semana a revisar a los detenidos. Con esta situación me extraña que no se haya informado ningún problema de salud”, apuntó.
La juez dispuso la continuidad de la preventiva hasta la audiencia preliminar, a menos que se aporten nuevos elementos que lleven a revisar la medida. Dispuso que el médico del lugar de detención lo revise y se le informe a la juez si el imputado tuvo alguna complicación de salud durante estos dos meses, si toma medicación, si está siendo tratado y de qué manera. Estos informes con las constancias de la historia clínica que se encuentran en el legajo deberán ser remitidas al Cuerpo Médico Forense para que este en un plazo de cinco días se expida sobre la salud del imputado.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.