La normativa también prevé cobertura integral de salud. La reparación económica será de una pensión mensual equivalente a una jubilación mínima y se cobrarán hasta los 21 años y de por vida en caso de discapacidad. Un informe de la Casa del Encuentro estima que 2.679 mujeres fueron víctimas de femicidios entre 2008 y 2017 y que 3.378 niños y adolescentes perdieron a sus madres.

El Gobierno promulgó, recientemente, la Ley que dispone una reparación económica para los hijos de víctimas de femicidios. La norma había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados a principios de julio. La ley fue publicada en el Boletín Oficial, en el cual se indica que ahora “el Poder Ejecutivo nacional debe determinar la Autoridad de Aplicación a los efectos de garantizar los objetivos previstos por esta ley”. En términos generales, el “Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes” dispone que los menores serán beneficiarios de esta cobertura en los siguientes casos: “su progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora”, “la acción penal seguida contra su progenitor y/o progenitor afín, en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte”, “cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”.

Cabe destacar quela Ley es retroactiva al momento de la comisión del crimen, aunque el delito se hubiera producido con anterioridad a la sanción de la norma. Y que sus efectos se extinguirán en caso de sobreseimiento o absolución del progenitor procesado. En este caso la autoridad de aplicación no podrá reclamar el reintegro de los montos asignados. Otro dato de consideración es que la Ley, además, garantiza a los hijos de víctimas de femicidios una cobertura integral de salud. La reparación económica será de una pensión mensual equivalente a una jubilación mínima y la cobrarán hasta los 21 años y de por vida en caso de discapacidad.

Una Ley necesaria  

La Ley, en cuya correcta e inmediata aplicación se deberá trabajar, es considerada un avance en la temática de violencia de género que entre 2008 y 2017 costó la vida a 2.679 mujeres.

La cifra corresponde al último un informe de la Casa del Encuentro y en él menciona además la cantidad de niños y adolescentes que quedaron sin sus madres entre el 2008 y 2017. La alarmante cifra exacta es 3.378. El informe también señala que el 66 % de las víctimas fueron asesinadas entre los 19 y 50 años de edad y el 10 % entre los 51 y 65 años. El  62 % de los femicidas de esta última década tenía – según el informe- entre 19 y 50 años cuando cometió el femicidio. En el 20 % de los casos la edad no quedó registrada.

Por nuevas políticas de género 

La Casa del Encuentro, luego de la presentación de su informe, considera prioritario la asignación de presupuesto necesario para llevar a cabo las políticas de género en todas las dependencias del Estado tanto a nivel nacional, como provincial y municipal visibilizando los montos asignados, elaboración de estadísticas oficiales, unificadas y completas sobre violencia sexista, capacitaciones obligatorias a jueces, fiscales, abogados y Fuerza de Seguridad en materia de género, inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargos en el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Defensa, garantizar el derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática para que las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio sean representados y escuchados por la justicia con una plena implementación del “Abogado del niño, niña y adolescente” (Ley 14.568), asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima por tres años a las mujeres en situación de violencia, inclusión de la “licencia por violencia de género” en la Ley de Contrato de trabajo y Convenios Colectivos de Trabajo, incorporación de la temática de violencia sexista en todas las curriculas educativas de los diferentes niveles como así también capacitaciones obligatorias a profesionales que trabajen con la temática de violencia en diferentes dependencias estatales de todo el país.