Por Oscar Razetto, asesor en Seguridad Pública y Ciudadana:
La nueva concepción de la seguridad ciudadana en américa latina, se sustenta en la conflictividad y las relaciones interpersonales, supone una articulación de las instituciones de seguridad con la comunidad forjando una relación más estrecha con el vecino, colaborando en la elaboración de políticas públicas, canalizando las demandas y necesidades de los habitantes y buscando propiciar el desarrollo de contextos urbanos seguros para el ejercicio de los derechos.
Por ello, el vecino, que es un actor social debe integrarse en espacios de participación, especialmente en organizaciones del tercer sector u otros organismos conformados para representar a un sector de la sociedad, y de esta manera participar de manera activa en la construcción de diagnósticos. Dicha elaboración, comprende proyectos específicos y atiende a las conflictividades prioritarias relevadas y la estrategia de abordaje seleccionada. También debe incluir etapas de reflexión y análisis sobre la realidad y problema que se intenta abordar, además de criterios adecuados sobre la viabilidad política, económica y social de la iniciativa a llevar adelante.
Pensar en términos de conflictos, implica comprender que es inherente a nuestra sociedad y no hay que negarlo, la seguridad pública democrática implica que la política de seguridad no se puede desligar de la gestión de la conflictividad social. Binder sostenía que “el conflicto existe y no tiene que ser visto como algo negativo, porque se encierra la posibilidad del progreso”.
El conocimiento directo de los problemas que aquejan a la población es un elemento que es necesario tomar en cuenta para el diseño de planes de acción que busquen focalizar las intervenciones en aquellos territorios o personas que más lo necesitan.
Por eso el gobierno local constituye el actor preventivo por excelencia, porque es el único que puede articular las medidas orientadas a mejorar la calidad de vida urbana (por ejemplo: iluminación, espacios públicos y transporte) con aquellas directamente vinculadas con la criminalidad (prevención del consumo de drogas y alcohol y violencia doméstica, entre otros).
Es necesario un serio compromiso por parte de los actores de la sociedad civil para que apoyen medidas que quizás no produzcan un impacto inmediato, de modo de establecer mecanismos de continuidad basados en diagnósticos participativos y consejos ciudadanos activos. La generación de consensos políticos que sostengan las iniciativas más allá del periodo de gobierno de un determinado partido o sector es una de las tareas más complejas.
Se trata sin duda de un proceso lento, que debe enfrentar problemas constantes. Sin embargo, las experiencias exitosas fueron justamente aquellas que realizaron cambios en la estructura municipal, implementaron procesos de reingeniería organizacional y contrataron personal especializado.
La prevención resulta fundamental porque nos permite anticiparnos a los hechos y contribuir a la reducción del delito y la violencia teniendo en cuenta que se trata de problemáticas complejas multicausales, imposibles de revertir sin una acción multiagencial, es decir , coordinada de varias agencias del estado.
Las estrategias de prevención tienen por objeto evitar la comisión de un delito antes de que efectivamente ocurra. A continuación detallaremos algunas estrategias pensadas para la prevención de delitos callejeros:
Prevención Social: Las políticas están enfocadas a la población de ofensores y son en su mayoría, políticas sociales que trabajan en el contexto en que se desenvuelve el delincuente, ya que se considera que éste está siendo influido por ese entorno. Se actúa sobre factores de riesgo de los individuos como el género, la personalidad y los comportamientos individuales; las influencias familiares, las condiciones de vida, las influencias de la escuela, las presiones del grupo de pertenencia y las oportunidades ocupacionales. La mayor dificultad que se presenta en este tipo de estrategias es que inicialmente es difícil establecer relaciones de causalidad entre todos los factores identificados y el delito, es decir, definir cuándo poder ser causa o efecto; por otra parte, si se revisan factores de riesgo, algunos resultan muy complejos de intervenir.
Prevención Comunitaria: Involucra a la comunidad como co-responsable de la gestión. Es decir, la comunidad participa del diagnóstico, de la generación de soluciones y de la evaluación y seguimiento de las medidas implementadas. Pavarini refiere que “esta estrategia busca la participación social de aquellos que comparten un espacio o unos valores y pretende reconstruir el control social del territorio por parte de quien lo habita”.
Prevención Situacional: Esta dirigida a reducir las oportunidades para la comisión de delitos por parte del delincuente, hacerle más costosa la oportunidad para su accionar, incrementar el riesgo real o percibido de ser detectado y reducir el temor de la comunidad. Las modificaciones de la situación pretende persuadir al delincuente de no cometer el delito, mediante la reducción de posibilidades mediante el diseño urbano y ambiental basado en el conocimiento de los hechos delictivos que ocurren en el territorio a intervenir, complementado con diagnósticos y relevamientos de condicionantes del mismo.
La criminalidad nace en un campo sembrado de desigualdades, falta de oportunidades, segregación, adicciones y negocios internacionales como el narcotráfico y la trata de personas que no serán resueltos con la construcción de más cárceles o el aumento de los castigos.
