Ante la notificación del Juzgado Federal de Esquel respecto de que este martes por la mañana se llevaría a cabo el desalojo del camping Yapay Peñi, en el Parque Nacional Los Alerces, Facundo Cárdenas Alarcón, quien es uno de los familiares a cargo de este lugar y además presidente de la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces, manifestó esta tarde que se encuentran viviendo horas de mucha angustia y desesperación. “Es una situación límite la que estamos viviendo y eso que hace mas de un año que se sabe de nuestro problema con la Administración de Parques Nacionales”, expresó.

Por este motivo sostuvo que “si se logra el desalojo es porque hubo una inoperancia tanto del gobierno provincial como municipal porque en el 2016 nuestro Defensor Oficial Fernando Machado le envió una notificación sobre este tema al Intendente Sergio Ongarato y además, en abril de este año, solicité un audiencia con él que nunca me dio”.

También destacó que en el mes de noviembre, cuando fue la inauguración del Centro de Monitoreo, le entregó una carpeta con toda la documentación y el sobreseimiento al gobernador Mariano Arcioni.

Cien años de historia

Cárdenas Alarcón contó que se encuentran trabajando con el camping gracias a un convenio que se firmó entre el Directorio de Parques Nacionales, el Gobierno de Chubut y la Municipalidad de Esquel. “Somos personas que cumplimos cien años de historia el pasado mes de marzo, que fue la fecha en que se le otorgó el primer permiso de ocupación a mi tatarabuelo don Coronado”, recordó.

En este sentido planteó que “somos reconocidos por el Juzgado Federal como pobladores pero la Administración por la vía civil siempre ha sido la herramienta por la cual a lo largo de la historia han desalojado pobladores”. Por ello se preguntó: “¿Cómo van a demostrar que un poblador, que tiene mas de cien años de historia, es usurpador de un lugar? No hay manera, la única es la ley de la dictadura militar que es la de Parques Nacionales que los habilita a hacer este tipo de cosas”.

Aseguró que esta situación pone en riesgo a los demás pobladores como Rosales y Coronado que han hecho cabañas, dormis y emprendimientos turísticos, porque si nos sacan a nosotros van a ir por los demás porque sientan un precedente”.

El joven manifestó que la única esperanza que le queda es que el asesor legal del Municipio de Esquel se presente en el expediente ante el Juzgado Federal y solicite que se suspenda el desalojo. En este sentido argumentó que “nosotros firmamos una ordenanza en el 2005 que es ley provincial y fue ratificada por el Concejo Deliberante; es el convenio tripartito firmado por el directorio de Parques Nacionales, el Gobierno de Chubut y el Municipio de Esquel que habilita a los actores locales a mejorar la calidad de vida, acceder a créditos y hacer su actividad turística permaneciendo en el lugar”.

Orden de desalojo

El Juzgado Federal de Esquel informó que este martes 12 de diciembre “se restituirá la posesión del Camping “Yapay Peñi”, denominado también “Bahía Solís” a las autoridades de la Administración de Parques Nacionales del “Parque Nacional Los Alerces”.

A tal efecto se hará presente en el lugar el Oficial de Justicia del mencionado Juzgado Federal, quien contará con el apoyo de la Sección Villa Futalaufquen de Gendarmería Nacional Argentina en caso de que resulte necesario acudir al auxilio de la fuerza pública para desalojar el predio.

Argumentan que “el inmueble debe ser devuelto al Estado Nacional por haber finalizado el plazo de duración de la concesión establecido por la administración”.

También expresan que “la Administración de Parques Nacionales instó a la acción judicial que dio lugar a esta medida con fundamento en las disposiciones de la ley nacional N° 17.091 que establece un procedimiento rápido cuya única finalidad consiste en la recuperación por parte del Estado de los bienes inmuebles de su propiedad que se encuentren en poder de terceros”.

Por último, el Juzgado Federal de Esquel instó a los ocupantes del predio “a entablar las acciones judiciales que tienen a su disposición para resolver la disputa que mantienen con la Administración de Parques Nacionales en torno a la ocupación del predio, y que eviten adoptar innecesariamente vías de hecho que los harán incurrir en responsabilidad penal por intentar obstruir le medida de desalojo”.

 

 

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