Por el Ingeniero Forestal Omar Picco:
La Argentina es un país ciclotímico, por dar una denominación que caracterice el humor social respecto a determinadas políticas, comportamientos colectivos o aún en el seguimiento del deporte. Pasamos de la euforia y el entusiasmo al pesimismo y al derrotismo en ciclos de meses o pocos años. Esto se plasma en los vaivenes que muestra el comportamiento histórico de distintas variables económicas, sociales o deportivas del área que se decida estudiar. La actividad forestal como sector económico provincial o nacional no escapa a estos ciclos de impulso y olvido sucesivos, manifestado a lo largo de las últimas décadas del Siglo XX y principios del XXI.
A pesar de ello, en los últimos 20 años, el Estado Nacional destinó una inversión total de 350 millones de dólares a la promoción forestal a través de la Ley 25.080 de Inversiones de Bosques Cultivados. Esta transferencia de recursos al sector privado resultó en la creación de una masa de forestaciones que, medida en toneladas de materia prima leñosa, fue valuada en 9.000 millones de dólares, ubicadas mayoritariamente en la región litoral del país, concentrándose el 80% de las plantaciones entre Misiones y Corrientes.
Esta norma está próxima a cumplir su plazo de vigencia en enero de 2.019. Se sancionó en 1.999 por un período inicial de 10 años y en 2.009 se otorgó una prórroga con la Ley N° 26.432 por otros 10 años. Los beneficios que otorga son de dos tipos, fiscales (estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal, avalúo de reservas y amortización anticipada) y monetario, denominado Apoyo Económico No Reintegrable (AENR) destinado a la forestación, enriquecimiento de bosques nativos y tratamientos silviculturales (hasta 3 podas, raleo perdido y manejo de rebrotes). El AENR consiste en el otorgamiento de fondos del 80% de los costos estimados por la Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la especie, zona y actividad a considerar, siendo en el caso de las actividades silviculturales un apoyo del 70% del costo estimado.
Las indecisiones y contradicciones políticas, sumadas a los ciclos económicos generales argentinos que mencionamos al inicio, impidieron alcanzar la meta original de 2 millones de hectáreas forestadas para el país. Metas que llevarían a la Argentina a ser autosuficiente en productos forestales, hasta con excedentes exportables que permitirían revertir nuestra balanza comercial deficitaria, resultado crónico en materia forestal.
En estos últimos meses, después de un receso de varios años, se retomaron en el actual Ministerio de Agroindustria de la Nación -en Buenos Aires-, las reuniones de la Comisión Asesora de la Ley 25.080, como se establece en la ley vigente y tras varios años de reclamo del sector para que se restituya ese espacio de debate, ahora con el fin de proponer al congreso una nueva Ley que brinde continuidad a la creación y manejo de nuevos bosques. Esta mesa integra a representantes públicos de las provincias forestales, colegios de profesionales, instituciones de investigación, cooperativas y asociaciones de productores forestales y agropecuarios, es decir representantes públicos y privados vinculados al tema.
Esta Comisión Asesora promueve en general la continuidad del sistema como herramienta de apoyo del Estado al desarrollo del sector, con focalización en la creación de nuevos plantaciones y la industria asociada a esta materia prima forestal. Con respecto a la inversión del Estado en la promoción, “por cada peso que el Gobierno destina por hectárea forestada como Aporte Económico No Reintegrable (AENR), recupera con ingresos impositivos 30 pesos al final de la cadena productiva, dependiendo del momento del análisis”. En el aspecto social de la inversión, especialmente para la Patagonia, entre el 60 y 70% corresponde a solventar mano de obra, tanto en la etapa de producción de plantines en vivero como en la plantación en terreno, con los porcentajes mayores para las tareas silviculturales que se realizadas manualmente, con lo que el AENR es en la práctica un cuasi “subsidio al desempleo”. Y por el lado ambiental, se crean nuevos bosques, que fijan Carbono, neutralizando emisiones de la propia actividad forestal y de otras producciones que son netamente emisoras.
De mejorar la aplicación de la herramienta de promoción y prorrogar sus principios, se podría consolidar una política de desarrollo forestal sostenible en la Argentina, permitiendo alcanzar el objetivo manifestado por el Gobierno nacional de aprovechar el “potencial Forestal” del país y de pasar de 1.3 millones de hectáreas actuales a 2 millones en 2030, que repasemos, se había fijado ya hace 20 años atrás.
En el caso particular de nuestra provincia, como ejemplo de los ciclos que mencionamos al inicio de la nota, en la última década se desaceleró notablemente el ritmo de la forestación, es decir de creación de nuevos bosques, esencialmente productivos. No obstante el escenario futuro puede ser promisorio, con el marco que está fijando la nación a través de la prórroga y actualización del régimen de fomento, y por el lado del productor, los buenos precios de los productos primarios de la región tanto lana como carne, que facilitará la diversificación de la matriz productiva de los establecimientos con las plantaciones forestales. Esta producción a largo plazo, puede ser considerada por sus características propias, como caja de ahorro para los ciclos de bajas de precios de su producción agropecuaria principal, tal como lo hacen sus colegas del Alto Valle del Río Negro o Mendoza. Por el lado gubernamental, la Nación está avanzando en el proyecto de actualización de la Ley de Promoción a las inversiones Forestales 25.080, que incluirá seguramente una extensión de los beneficios a la forestación para el decenio 2019-2029. Esperemos no desaprovechar otra década por el bien de las futuras generaciones, que podrán encontrar oportunidades genuinas de trabajo en los bosques que se planten hoy.