Los trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAFCI) continúan a la espera de respuestas sobre su situación laboral. Luego de enterarse por una conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, de que iban a cerrar el ente y a prescindir de sus servicios, todavía no han tenido ninguna comunicación formal. Mientras tanto, los dieron de baja en el sistema, pero igual tratan de estar cerca de los productores a los que suelen asistir.

En sus oficinas de la calle Chacabuco a metros del INTA, Juan Marcos Zermoglio, Ornella Coco, Nestor Wilvers, Jorge Baigorria, Belén Coussirat, Diego Díaz, Agostina Díaz y Silvia Cretton, integrantes del equipo de trabajo, recibieron a La Portada y relataron la incertidumbre que atraviesan día a día.

“La interventora que nombraron afirma que el 31 de marzo se nos vencieron los contratos y no tenemos relación laboral con el Estado. Estábamos con una contratación que se llama Ley Marco con renovación automática anual”, detallaron. Dentro de los agentes hay quienes tienen 30 años de antigüedad y los más ‘nuevos’ llevan 9: “Nunca hemos tenido problemas, excepto en el gobierno de Macri y ahora”.

Comentaron que en aquel período posterior al 2015 “fueron más cuidadosos, si bien afectó muchísimo se pudo retomar y continuar en estos últimos 4 años”. Aseguraron que “este ataque es muchísimo más feroz, hay provincias de las que se están llevando el mobiliario y los equipos”.

En este sentido, dijeron que lo comunicado por Adorni fueron no más que “falacias y mentiras. Nos trata como punteros políticos cuando en realidad somos trabajadores y se puede demostrar con acercarse al territorio”. Asimismo, subrayaron que en caso de tener intenciones de conocer su trabajo “hubiera sido fácilmente comprobable”.

En la medida de lo posible, el Instituto se mantiene tanto en Chubut como en otras partes del país “con recursos de los trabajadores, no hay ni combustible para los vehículos, se cortó desde el día 1 que asumió esta gestión, ni sabemos si tienen seguro”.

Anclaje territorial

El Instituto cuenta con diferentes tareas. Por un lado, está lo administrativo que se centraliza en Esquel y abarca a toda la región, pero se refuerza con un fundamental trabajo en territorio de acompañamiento a productores. En la zona cordillerana son unas 15 personas, entre las que hay empleados de otras localidades: “Trabajamos lado a lado con los productores, acompañamos la formulación de proyectos y la asistencia técnica de los que ya hayan presentado”.

No obstante, también abordan “todo el entorno de la familia, el acceso a los servicios en la vivienda. Somos un nexo con otras instituciones”. Al respecto, destacaron el rol de las mesas de desarrollo: “Son espacios de discusión entre el sector productivo y el Estado. Se juntan una vez por mes con el INTA, Desarrollo Social, Senasa, INAI, entre otras instituciones, y se vuelcan las demandas de los productores y las posibilidades que tiene el Estado de llegar”.

Por todo esto, indicaron que es muy diferente la visión que se puede tener en una ciudad que en parajes y localidades más remotas como “Pocitos de Quichaura, Aldea Epulef, Lagunita Salada, Lonco Trapial, Gastre o Gan Gan”: “A nosotros nos costaba llegar en vehículo, más a ellos que andan a puro caballo. Están aislados”.

Los integrantes del INAFCI realzaron que son trabajadores “formados para traducir esas demandas en concreciones”. “Hay que entender el territorio, las redes, sus grupos, y cómo hacer con los recursos magros que siempre tiene el Estado para darles una solución”, comentaron.

“Nuestro trabajo es integral, tiene un sentido y un bagaje atrás. No es que queremos un puestito”, agregaron. Dentro del Instituto hay Ingenieros Agrónomos, Sociólogos, Veterinarios, Zootecnistas, especialistas en trabajo social y psicólogas sociales que permiten este amplio espectro de abordaje: “Por eso, los productores también valoran nuestro trabajo”.

En este sentido y con conocimiento de causa por compartir mucho del día a día con ellos, los trabajadores expresaron que cumplen su tarea junto a un sector “invisibilizado, que necesita que haya un Estado presente”. El objetivo central es generar las condiciones para “que puedan permanecer en sus lugares y no agrandar las ciudades viviendo en situaciones precarias”.

Intereses detrás del cierre

Advirtieron que con el cierre de distintas dependencias que llegan a áreas rurales “está la puerta abierta a que vacíen los campos y cualquier otro emprendimiento se lleve adelante” porque “volver a levantar una estancia una vez que se cierra es muy difícil”. Concretamente, apuntaron a “las empresas de minería, litio, oro, plata. Les interesa la tierra para sacarle todo lo que tiene”.

Le están sacando toda la ayuda que tenían. Nosotros no llegamos más, Corfo no llega más aunque la ministra diga otra cosa, Desarrollo Social no llega más, Correo Argentino no llega más, Radio Nacional no va a llegar más. Todas las ayudas se van cayendo”, graficaron y dejaron claro que “hay cuestiones que no tienen que ver con la rentabilidad”. “Muchas veces lo que decimos molesta porque conocemos lo que sucede ahí, somos incómodos”, apuntaron.

En este marco, resaltaron que van a seguir asistiendo a la oficina y trabajando en la medida de lo posible: “No nos consideramos despedidos porque nadie nos comunicó nada. Si van a darnos de baja que lo formalicen como fue en la época de Macri. Nos hemos comunicado vía cartas documento y no nos han contestado”. Además, reclamaron el pago de sus haberes: “Marzo lo pagaron 20 días tarde y hasta ahora no cobramos abril”.

Por último, indicaron que en este tiempo utilizaron la banca del vecino en Trevelin, dialogaron con el intendente de Esquel, Matías Taccetta, que “se comprometió a hacer una declaración de interés en el Concejo Deliberante respecto a nuestra situación”, y lo propio hicieron con Marcelo Limarieri, de Gualjaina. Asimismo, aguardan una contestación del gobernador, Ignacio Torres, a quien le solicitaron una audiencia.