Diferentes instituciones de la localidad firmaron un contundente documento que hace foco en una de las problemáticas más acuciantes y sin respuestas concretas hace largos años: la falta de tierras y soluciones habitacionales.
Señalan los recientes reclamos para acceder a una vivienda y aseguran que Esquel atraviesa una crisis habitacional que afecta no sólo a los sectores más postergados de la comunidad sino que también a trabajadores de la clase media.
Advierten que el resultado de esta situación es lamentable: “el hacinamiento, la multiplicación de construcciones en un mismo lote, las ocupaciones de tierras y las disputas entre vecinos por las adjudicaciones de viviendas sociales”.
Se solidarizan con las familias inscriptas en el padrón del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que solicitan una respuesta rápida hace muchos años. “Exigimos políticas de acceso a la tierra y a la vivienda que aseguren efectivamente el derecho que otorgan la Constitución Nacional”, dicen.
Recursos disponibles
Dejan en claro que existe disponibilidad de terrenos. “Estamos rodeados de tierra y tenemos cada vez más personas imposibilitadas de acceder a una vivienda digna. Nadie merece vivir en condiciones precarias”, manifiestan.
Aseguran asimismo que de ninguna manera la problemática en cuestión le es ajena al gobierno municipal y que también es responsabilidad del intendente pensar en soluciones de fondo.
“Cualquier necesidad de los vecinos y vecinas es un tema municipal y el intendente, sus secretarios y su bloque de concejales tienen la obligación de ocuparse en su solución”, remarcan las organizaciones que rubricaron el documento.
Emergencia
“Exigimos la urgente puesta en marcha de la Ordenanza de Emergencia Habitacional, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante para implementar una decidida política habitacional municipal”, exponen.
Afirman que este plan debe incluir la “urbanización de las tierras fiscales municipales” y la “gestión urgente para la obtención de tierras, dentro de nuestro ejido municipal, que hoy son propiedad del Ejército y otros organismos nacionales”.
Además la regularización de las tomas de terrenos, respetando el derecho de los ocupantes. Reglas claras en el funcionamiento del I.P.V., humanización de los criterios de adjudicación, contemplando las necesidades de los solicitantes. “Tierra sobra, faltan políticas”, aseveran.