La Union de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó el año pasado – por tercerra vez- el proyecto de ley que prevé la creación de un Fondo Fidusuario Público de Crédito para la Agricultura Familiar.
En el artículo primero propone que se constituya el Fondo Fidusuario Público de Crédito para la Agricultura Familiar “como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social”.
“El Fondo tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destionados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia”, menciona el artículo segundo.
El proyecto propone la creación de un Comité Ejecutivo del Fideicomiso – integrado por representantes de diversos organismos nacionales vinculados con la temática – que será “el encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades del fidusiario y efectuar su seguimiento”. Deberá, entre otras acciones, “solicitar al Tesoro Nacional los recursos necesarios para la constitución del Fondo”.
En el artículo noveno aclara que “el patrimonio del Fondo se debe destinar al acceso a la tierra y a la mejora de las viviendas e infraestructura de agricultores familiares”.
Requisitos
El proyecto de ley prevé que “pueden tramitar ante el Fiduciario (Banco de la Nacion Argentina) una solicitud de crédito hipotecario para un predio productivos” quienes cumplan con determinado requisitos tales como “no ser titular de bienes inmuebles, encontrarse debidamente registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar o encontrase en el proceso de inscripción, tener como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florífica, pesquera, acuícola o apícola”.
En el proceso de selección (sistema de puntaje) tendrán prioridad las mujeres solteras con hijos, quienes cuenten con experiencia en la actividad y los residentes en el lugar en que se pretende adquirir el predio. Para conservar el predio los beneficarios deberan cumplir con los pagos del crédito, no transferir la tierra por un lapso de 20 años y sostener la actividad entre otras obligaciones.
Los fundamentos
Entre los fundamentos para la presentacion del proyecto de ley se menciona que “el Censo Agropecuario realizado en 2018 arroja que desde 2002 desaparecieron 100.000 explotaciones agropecuarias”. Y agrega que el dato “confirma que la concetración de la tierra es una tendencia en continuo aumento para todo el territorio nacional”. “El desarraigo rural, producto de la concetración de tierras, es una crisis habitacional al mismo tiempo que una crisis del sistema alimentario local”, se sostiene.
“Se estima que más del 75 % de las familias productoras no son dueñas de la tierra en la que trabajan y viven. Esto lleva a una vida herrante, sin posibilidad de planificar a a futuro. Para una familia agrícola la falta de arriago atenta contra su derecho constitucional de una vivienda digna que le permita la protección integral de su familia, trabajar y ejercer su oficio dignamente”, remarca el texto.
Entre otros muchos fundamentos y datos estadísticos que avalan el pedido se argumenta que “el Plan Argentina contra el Hambre fue la primera política que lanzo el Poder Ejecutivo. Se apoya en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Implica la promoción y el fortalecimiento del acceso a las Canasta Básica de Alimentos, y sin margen de error es la dirección correcta. A su vez es impresindible para fortalecer el acceso a los aliemntos, políticas de acceeso al hábitat para quienes producen esos alimentos” sector en el que se observa “una total precarización, informalidad” laboral con “largas jornadas, nulos derechos y beneficios y reducidos salarios”.
Soberania alimentaria y acceso a la tierra
En declaraciones a La Portada, Juan Pablo Acosta referente de la Union de Trabajadores de la Tierra Regional Patagonia, informò que el proyecto de ley “fue presetado por primera vez en 2016. Perdió estado parlamentario y se presentó otra vez en 2018. En diciembre de 2020 lo presentamos por tercera vez”.
Y agregó que “insistimos en que para que haya soberania alimentaria y que el pueblo pueda acceder a alimentos sanos a precios justos el sector necesita acceder a la tierra propia, sino es dificil producir desde la solidaridad con tierras rentadas. La renta hace que los alimentos esten sujetos a la especulación en relacion al valor de la tierra que es en dólares. Necesitamos, en el marco de la emergencia alimentaria, desengancharlos de ese lugar”.