La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que asola al mundo pone a prueba los sistemas de salud de cada país y la capacidad de respuestas de los gobiernos para contener la expansión del virus e vitar que las cifras de personas fallecidas no se multipliquen.
En Argentina, el Ejecutivo Nacional, decidió establecer una cuarentena que en la jornada de hoy inicia su segunda etapa extendiéndose hasta después de Pascuas. Esta decisión fue una recomendación de los expertos del ámbito de la salud y debe ser acatada por todos los ciudades a excepción de aquellos que realizan tareas consideradas esenciales.
El Gobierno, además, anunció medidas que permitirán a los sectores más vulnerables acceder a un bono de 10 mil pesos en tanto se cumplan los requisitos estipulados.
La clara intención es reducir el impacto de la falta de actividad económica entre quienes más pueden sentirlo. Y es una media que no se puede dejar de valorar como así también el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos.
No obstante también es justo decir que, hasta el momento, el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta a otros sectores de la economía que sin ser informales atravesarán grandes dificultades.
Se deberá, entonces, tener en cuenta a la importante cantidad de cooperativas, empresas recuperadas por sus trabajadores y pymes que a diario hacen un esfuerzo para sostenerse dentro del mercado y preservar fuentes de trabajo. Estos trabajadores y pequeños empresarios deberán, sin contar prácticamente con ingresos en las últimas semanas, afrontar el pago de alquileres, servicios, gastos fijos y abonar salarios.

La economía será profundamente afectada por la crisis que plantea la pandemia del coronavirus y es necesario atender a todo el espectro de la población. En este contexto no sería impensable que el Gobierno Nacional pudiera instar a los grandes empresarios, que siempre obtuvieron grandes ganancias, a realizar un aporte especial para conformar un fondo que posibilite ayudar a estos sectores antes mencionados. Allí, también, podrían realizar un aporte los funcionarios de los tres poderes del Estado (nacional, provinciales y municipales) que perciben sueldos con cifras de varios dígitos.

Garantizar los derechos de toda la población es un deber del Estado y si bien es entendible que se comience a considerar a quienes están en situación de vulnerabilidad también es importante tener una visión más amplia tomando medidas que contengan a todos los ciudadanos. Y si para llevar adelante esta tarea debe solicitar ayuda a “los que más tienen” deberá considerar esa opción. De esta crisis sólo saldremos si somos capaces de pensar en el otro.