El viernes a la mañana tendrá lugar una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia donde un nuevo tribunal deberá definir la suerte de los policías y fiscales que habían sido procesados en primera instancia por el juez Guido Otranto en el marco de la causa donde se investigan tareas de inteligencia ilegal contra vecinos de Esquel y la comarca.

El trámite judicial llega tras la resolución de la Cámara de Casación que desestimó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que con una composición distinta de jueces revocó el procesamiento y dictó el sobreseimiento de los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola, y los policías Alfredo Rodríguez y Adrián Alejandro Muñoz.

Los cuatro funcionarios están acusados por haberse relacionado de manera prohibida con un agente de inteligencia que espera fecha para el juicio oral.

Vale recordar que la causa por espionaje se inició en el 2015 a partir de las fichas de una treintena de vecinos vinculados fundamentalmente a la asamblea del No a la Mina que habían sido incorporadas a una de las causas contra el Lof en Resistencia del Departamento Cushamen.

“Entendemos que el nuevo tribunal va a confirmar los procesamientos y la causa, a partir de ahí, tendría que ir a juicio oral y público”, dijo esperanzado el abogado Gustavo Macayo, víctima del espionaje y uno de los letrados que lleva adelante la querella.

“El 22 de febrero tenemos una nueva audiencia ordenada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde se va a tratar nuevamente la apelación que plantearon 4 de los 5 procesados por el  doctor Otranto en su momento. El año pasado la Cámara de Casación de Comodoro Py ordenó dictar un nuevo fallo, luego de que presentáramos una casación ante el revocamiento de la Cámara de Comodoro Rivadavia. Así que se tiene que dictar un nuevo fallo con un nuevo tribunal. Los nuevos jueces tienen que oír a las partes en la audiencia que esta fijada para el 22 de este mes”.

Adelantó Macayo que la intención es tomar parte de la audiencia junto a representantes de los vecinos espiados. “Es otro viaje más que tenemos que hacer por esta situación de que el juzgado está en Esquel pero la Cámara de Apelaciones esta en Comodoro.  Algo que es muy incómodo porque son 600 kilómetros, y ya tendríamos que tener una Cámara acá.  La verdad que nadie nos financia, y como vecinos, con el esfuerzo de cada uno viajamos. Incluso el Dr. González Salinas y yo trabajamos en la causa sin cobrar un centavo. Pero el viaje es caro, se gasta en combustible, comida, alojamiento, y si se suman varios viajes te das cuenta de que es mucha plata que se gasta”.

Para este viernes explicó que en la audiencia en Comodoro se van a escuchar a las partes: “lo que tenga para decir la Fiscalía, los imputados y lo que vamos a decir nosotros como querellantes. Y una vez que estén oídas las partes seguramente tendrán un plazo para resolver los procesamientos”. El delito “es haber violado la ley de inteligencia nacional, habiendo realizado espionaje ilegal, y utilizar esa información para perseguir personas en un proceso penal. En el caso del espía, el procesamiento está confirmado, esa persona se sabe que tiene que ir a juicio oral y público. En el caso del agente, es por incumplimiento en los deberes de funcionario público, al haber violado una ley nacional. Y especialmente tiene responsabilidad por ser agente de la agencia federal de inteligencia”.

El tiempo pasa…

Sobre el final, Macayo advirtió que el trámite judicial todavía está en la etapa de instrucción y la causa este año cumple 4 años. “En agosto del 2015 arrancó cuando aparecieron las fichas, o sea que en agosto del 2019 se van a cumplir 4 años. Así que se puede ver los tiempos de la justicia, la falta de celeridad y la falta de apuro en estas causas, a diferencia de otras causas que van en avión y corren velozmente. O sea que evidentemente hay una presión política para que estas causas no avancen. Esa es la lectura que se puede hacer”.

 

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