El protocolo de seguridad firmado hace algunos días por la ministra Patricia Bullrich despertó un fuerte repudio entre los organismos de derechos humanos. Desde Esquel, la APDH se sumó a los cuestionamientos. “Hay una tendencia de criminalizar la protesta social”, aseguran.
La resolución que permite a los agentes federales hacer uso de las armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos” causó polémica de inmediato. No fueron pocos los que salieron con los tapones de punta en contra del anuncio.
Diario La Portada conversó con Claudia Ermili, referente a nivel local de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien no dudó en señalar que el protocolo lanzado –mediante el Boletín Oficial- por Patricia Bullrich generó un “rechazo total”.
Sostuvo que viola el derecho a la presunción de inocencia. “Ninguna persona o Gobierno tiene a su merced nuestra vida”, enfatizó preocupada por lo dispuesto desde el Estado Nacional, agregando que nadie puede ser penado sin previo juicio justo.
Consideró que esto viene a “reforzar” la Ley Antiterrorista impulsada por la administración nacional anterior y cuestionó, asimismo, que existe una clara tendencia en el país a “criminalizar la protesta social”.
Ermili entendió que la resolución en cuestión no es casual y está enmarcada en un momento de crisis donde hay una vulneración de derechos. “Las condiciones de vida están empeorando”, indicó y agregó que ello origina movilizaciones en la calle.
“La protesta social está a flor de piel”, afirmó y dijo que en este contexto aparece una medida que autorizar a los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad a “disparar sin voz de alto. Imaginemos por un segundo una corrida en una movilización”.
Confió, por otro lado, que si puede haber una “parte positiva” es que “esto logra juntarnos a todos”. Rescató que de inmediato comenzaron a expresarse diferentes organismos de derechos humanos y colectivos sociales. “Estamos todos en riesgo”, advirtió.
A su vez, destacó que de a poco comienzan a surgir acciones judiciales para frenar la medida. “Hay cosas desde lo legal para hacer”, manifestó, añadiendo que la APDH a nivel nacional ya salió a plantear que “va en contra de la Constitución y del Código Penal”.
El reglamento…
…general para el empleo de las armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad establece en el artículo uno que los agentes “cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales”.
En el artículo dos, marca que “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, en los siguientes casos: en defensa propia o de otras personas; para impedir la comisión de un delito grave; para proceder a la detención de quien represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad; y para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente.