El estado liberal del siglo XIX estructuró el esqueleto de su proyecto económico con el desarrollo de un orden jurídico absolutamente funcional a sus objetivos, imponiendo la celebración de pactos  – Constituciones nacionales –  impuestos por los ganadores de las batallas colonialistas.-

Esos nuevos ordenes jurídicos devenían de la exaltación del individualismo ilustrado, vinculado con la cerrada defensa del derecho de propiedad del desarrollo capitalista y con su necesidad de disciplinamiento social, que garantizara nuevas y eficientes estructuras de producción.-

Ese Estado se presentó así, como el garante del control social, estructurado fundamentalmente sobre el llamado sistema Republicano de Gobierno, cuya división de Poderes garantizaba a las clases dominantes el control total de las contradicciones sociales.-

Las transformaciones sociales y políticas del Siglo XX presionaron sobre la estructura de ese orden jurídico y arrancaron lentas concesiones vinculadas a los llamados derechos colectivos, en una puja cruenta por el reparto de la riqueza.-

Pero el liberalismo se cuidó bien de preservar la defensa de los intereses de los individuos tomados aisladamente, con una compleja red de contención,  desarme  y control del conflicto social que involucró: el sistema representativo de Gobierno, el control de constitucionalidad de las leyes y fundamentalmente el sistema de selección de jueces, extraídos siempre de una clase proclive a la auto preservación de los intereses de las minorías.-

En el perímetro de esa idea de país, irrumpió el Peronismo tomando partido, no sin contradicciones, por los desclasados de la estructura social.- La confrontación cultural con el liberalismo fue entonces inevitable y se llevó al plano de la batalla dogmática por un nuevo orden jurídico, con su mayor intento posible que fue la sanción de la Constitución Nacional de 1949.-

Pero con el golpe faccioso de 1955, pudo comenzar a advertirse con claridad, que para el  fascismo criollo la estructura jurídica liberal, el estado de derecho,  las garantías constitucionales y fundamentalmente los jueces independientes significaron un verdadero obstáculo para obtener los fines de un nuevo orden social represivo y su estricto control.- Liberales y fascistas argentinos se reconocieron entonces como primos hermanos, los unos dirigiendo la economía y los otros  estructurando los fundamentos de un brutal Estado totalitario que garantizara esa forma de repartir la riqueza.-

En ese marco de realineamiento de conveniencias de clase, resulta necesario entonces detenerse a repensar la real valoración e importancia que tiene para la supervivencia de los sectores populares la defensa del orden jurídico, espacio en el que se van a dirimir las contradicciones sociales, políticas y fundamentalmente económicas.-

El rescate de esas viejas garantías constitucionales vinculadas a la vigencia de la República (que tantas veces menospreciamos) resultan hoy indispensables en éste   tiempo de Cambiemos, que no vacila en propiciar la barbarie con la mortificación quirúrgica del orden jurídico, ante la mirada complaciente de los falsos demócratas argentinos.-

No se trata entonces de reivindicar la estructura cultural del liberalismo sino en valorizar instrumentos que hoy se han vuelto indispensables para preservar la supervivencia del pueblo Argentino.

Las garantías de la defensa en juicio, el principio de inocencia, la igualdad ante la ley, la necesidad de contar con leyes anteriores al proceso, la garantía del juez natural, la transparencia en el sistema de selección de los jueces, son valores que hoy necesariamente el neoliberalismo totalitario debe violentar  – como se hizo en todas las dictaduras – para imponer un nuevo orden dependiente del  capital financiero internacional.  La regresión de valores es tan brutal que el andamiaje jurídico debe corromperse para que alumbre el monstruo  de la nueva realidad.-

Cuando un Estado intenta volver a la Edad media, resulta  progresista entonces  rescatar los valores liberales del Siglo XIX.-

El control social de un proyecto de país y el ejercicio del poder necesitan del molde de una “nueva legalidad” y debe saberse que  si ese orden jurídico ya no es funcional, el poder totalitario lo forzará y lo denigrará, aunque lo deje formalmente en pié.- Y los brujos de esta sucia alquimia, son los jueces.-

Es entonces tarea importante de la militancia popular repensar y valorar la gravitación que ese viejo orden jurídico tiene como  instrumento de defensa de las mayorías, porque cuando se caen las ilusiones deben quedar en pié los deberes.

 

*Abogado. Titular de la Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas (UNPSJB).

 

 

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