En las últimas semanas se ha escuchado en más de una ocasión la frase “la Universidad está en peligro”. El Gobierno Nacional ofrece a los docentes un incremento salarial del 15 por ciento en tanto que los gremios del sector exigen una suba del 30 por ciento con cláusula gatillo para que el impacto de la inflación se sienta lo menos posible.

Se reclama, además, mejoras en las condiciones de contratación de los docentes, regularización de cargos y mayor presupuesto para las áreas de Ciencia y Técnica.  

Esta situación derivó – en las 57 Universidades del país – en  medidas de fuerza (con diversidad de acatamiento), clases públicas, abrazos simbólicos a los edificios de las Universidades y otras actividades tendientes a visibilizar el reclamo de los trabajadores que cuenta con el apoyo de los alumnos que incluyeron masivas marchas en todo el país el pasado jueves.   

Decir, en este contexto, que la “Universidad está en peligro” no parece una exageración. Y pensar en proyecto de país – a mediano y largo plazo – sin educación pública no es posible.

Los docentes universitarios forman a los futuros profesionales, a los ciudadanos que con pensamiento crítico trabajarán para forjar un futuro mejor para la sociedad en la que viven.

La discusión salarial es válida porque todo trabajador merece obtener un salario digno por el trabajo que realiza y la preocupación por el recorte presupuestario a las Universidades también es legítima.

Sin educación pública y gratuita se hace difícil pensar un país mejor que brinde igualdad de oportunidades a todos sus habitantes. Que el Estado (sin importar el color político de quien ejerza el Gobierno) se niegue a invertir en educación debe – por decir lo menos – encender las alarmas de alerta. La inversión en educación nunca puede ser considerada un gasto ni una variable de ajuste. La educación es un derecho al que no se debe renunciar porque de ello depende el futuro de la sociedad.  

Imagen: Extensión UNPSJB.  

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