“La falta de cupos es una variable que empieza a incidir en las decisiones relativas a la modalidad de cumplimiento de prisiones preventivas en Esquel”, advirtieron días atrás desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), poniendo en evidencia una problemática que se repite en distintos puntos de la Provincia del Chubut.

Las condiciones de algunos establecimientos carcelarios y la poca disponibilidad comienzan a ser factores que influyen en las resoluciones que deben tomar los jueces. En Puerto Madryn, por ejemplo, la jueza Marcela Pérez Bogado dispuso un régimen de semi-detención para dos reclusos ante la ausencia de espacios para alojarlos.

“La ley penal establece que la norma es la libertad a lo largo del proceso. Esta premisa se basa en el derecho a ser considerado inocente hasta que una sentencia firme establezca lo contrario. La privación de la libertad mientras que aún no se ha demostrado que una persona es responsable sólo puede disponerse para evitar que se fugue o entorpezca la investigación”, explica el MPF.

“Prever que alguien pueda fugarse o amedrentar testigos es decidir sobre algo que podría ocurrir o no. Los jueces toman en cuenta ciertos antecedentes de comportamiento de los imputados para realizar este tipo de predicciones y decidir en consecuencia. Definir sobre algo que aún no ocurrió da mayor peso relativo a factores tales como las condiciones en las que el imputado (por el momento con probabilidad de que sea inocente) debería cumplir ese encarcelamiento”, señala el organismo.

Un caso

Durante una audiencia  (control de detención), el defensor público de un sospechoso planteó entre sus argumentos la situación de los lugares de detención en la ciudad y en la provincia. Mencionó además declaraciones del ministro de Gobierno Federico Massoni sobre la posibilidad de declarar la emergencia carcelaria.

También, el abogado citó el informe semanal de la Defensa Pública y precisó que sobre un cupo para 20 detenidos, la Comisaría Segunda de Esquel tiene alojadas a 22 personas. Finalmente, en la decisión del juez pesó el estado de los lugares de detención. Dispuso el arresto domiciliario con controles periódicos por el personal policial.

¿Y los módulos carcelarios?

El anuncio oficial despertaba expectativas. El fallecido gobernador Mario Das Neves y el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, firmaban durante un nuevo aniversario de la ciudad (febrero del 2016) un convenio para la ejecución de una obra de infraestructura clave: el Complejo Penitenciario Nº 3 en la Comarca Andina, por 100 millones de pesos.

La idea inicial contemplaba oficinas judiciales, sala de reuniones, archivo, oficinas de radio y monitoreo, entre otras dependencias. Los terrenos que en principio se habían destinado para ello están localizados en el área del Parque de Servicios Industriales, a la vera de la Ruta Nacional 40 y a pocos kilómetros del Aeropuerto.

Hay tres proyectos que Ongarato siempre ha considerado prioritarios: la ampliación del Hospital, el mejoramiento de la Planta de Líquidos Cloacales y los módulos carcelarios. La situación económica de la provincia pareciera jugarle en contra al jefe comunal. Hoy el Gobierno de Mariano Arcioni concentra toda su atención en el pago de los salarios y en la negociación con los gremios.

En paralelo, el mandatario local realiza gestiones para reubicar la Unidad 14 por fuera del casco urbano. En el Ministerio de Justicia de Germán Garavano tuvo respuestas favorables. No hay que olvidar que el Gobierno de la Nación lleva adelante un plan estratégico para sacar las cárceles de las ciudades y la de Esquel estaría en el radar.

Cabe mencionar que el intendente sueña con no sólo lograr esta -compleja- reubicación de la Cárcel de Esquel sino que además destinar las 14 hectáreas a la construcción de un nuevo hospital, un parque central, ampliar la superficie del Estadio municipal y mejorar la playa de estacionamiento del gimnasio, entre otras cosas.

 

 

 

 

 

 

Deja un comentario

¡Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí