Por Fabio Arce
En estos últimos tiempos los trabajadores de nuestro país han sido protagonistas de diferentes tipos de cambios en detrimento de su situación laboral. Estos cambios están produciendo, reducciones en las fuentes de trabajo, demoras en el pago de los salarios y en algunos casos despidos arbitrarios. Hace escasos días se aprobó el proyecto de reforma previsional, el cual dentro de otras cosas aumenta la edad jubilatoria de los trabajadores argentinos.
En la actualidad es frecuente escuchar frases o explicaciones sosteniendo que para generar empleo y obtener mayor productividad y crecimiento económico, se deben flexibilizar las relaciones laborales, y bajar el llamado “costo laboral”.
Durante la década de los noventa en la Argentina, se aplicaron distintas reformas legislativas, como por ejemplo la “flexibilidad de entrada” (entre 1995 y 2004) con las distintas regulaciones del periodo de prueba, contrato de tiempo determinado con reducciones de cargas sociales. Por otro lado, la “flexibilización de salida” con un nuevo régimen indemnizatorio creado en 1998, que redujo drásticamente las indemnizaciones de los trabajadores con menos de dos años de antigüedad.
En el segundo trimestre de 2017 sobre una población de 40 millones de habitantes, más de tres millones de trabajadores tienen problemas de empleo y alrededor de 4 millones de trabajadores no registrados. Las condiciones de estos últimos son de total desprotección: no están cubiertos por la legislación laboral ni de la seguridad social y carecen de cobertura médico asistencial para ellos y su familia (no tienen derecho al cobro de un salario familiar, seguro de desempleo ni de accidentes de trabajo). En este contexto, la situación socioeconómica opera como elemento flexibilizador y disciplinador de las relaciones laborales, el trabajador por temor a la extinción del contrato o al cierre de la empresa consiente la adopción de medidas que violan sus derechos laborales.
Argentina parece no haber comprendido que no existe vinculación entre desregularización y generación de empleo y que la legislación laboral no es la culpable de los problemas socioeconómicos del país. En reiterados discursos el actual presidente se refirió a este ¨problema¨ catalogando de mafia o industria de juicios laborales en detrimento del sector productivo de nuestro país. Parafraseando a un catedrático de la Universidad Nacional de la Patagonia sede Esquel, creemos que en buena hora exista la ¨industria del juicio, de esta manera se podrá luchar contra la industria del abuso en perjuicio de los trabajadores.
Como si esto fuera poco, el Poder Ejecutivo Nacional propuso una reforma previsional que tomó fuerza de ley el pasado 19 de Diciembre, en donde se vulneran los derechos del conjunto de los trabajadores activos y pasivos.
Parecería ser una burla a lo que muchos de nosotros hemos estudiado y aprendido en el colegio secundario, cuando nuestro profesor o profesora de geografía humana nos explicaba acerca de la problemática de extender la edad jubilatoria en una sociedad. Siendo esto así, el trabajador afectado perdería años de descanso, después de haber prestado servicios para su empleador y en muchos casos no podría gozar de una jubilación apropiada. Por otro lado, los jóvenes postulantes al mundo laboral no tendrían la posibilidad de sumarse a alguna bacante dejada por el nuevo jubilado, creando una situación de escasez de puestos de trabajos genuinos.
