El Gobierno Nacional pretende bajar la edad de imputabilidad de los menores sobre la presunción –en gran parte – que esta medida podría bajar el índice de delitos protagonizados por adolescentes.
Según el proyecto, que será evaluado por una Comisión creada a tal fin, la edad de imputabilidad bajaría de 16 a 14 años y las penas serían consideradas en casos de homicidio, violación y delitos con armas. La base del proyecto estaría orientada a la reinserción de los jóvenes.
Sin embargo las preguntas que caben son: ¿por qué llegamos a esta instancia?; ¿si el proyecto fuera puesto en práctica se contaría con espacios adecuados y equipos técnicos que trabajen en la reinserción de los jóvenes?; ¿qué nos garantiza que esta eventual medida – cuando menos discutible – reducirá los elevados índices de delito?
Quienes integramos La Portada Diario de los Trabajadores creemos que el tema amerita un amplio y serio debate dentro de la sociedad para que el proyecto no se termine aprobando, como muchos otros, “entre gallos y medianoche”.
Consideramos que antes de llegar a tales instancias, que afecten a nuestros niños y por ende al futuro de nuestro país, es imprescindible que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) trabajen en conjunto para brindar educación, adecuada y efectiva contención a los menores en riesgo y que se otorguen las garantías para que cada familia pueda vivir dignamente de los ingresos obtenidos del fruto de su trabajo.
Creemos que el trabajo dignifica, que el acceso a la educación es el primer paso para ser personas que aportan a la sociedad y que los jóvenes merecen esas oportunidades. Trabajar en prevención – para evitar pensar en castigar- es el gran desafío. De todos nosotros depende cuidar a las jóvenes generaciones para seguir creyendo que un país mejor es posible.
