La Fiscalía, representada por el procurador Ismael Cerda, formalizó la investigación contra un hombre y una mujer acusados de perpetuar una red de estafas vinculada a la compra y venta de automotores.

Los imputados participaron vía remota desde Santa Cruz, provincia en la que fueron detenidos con orden judicial solicitada en esta carpeta, el jueves.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de la causa ordenó que ambos permanezcan en prisión preventiva por un plazo de 90 días, mientras se recolectan más pruebas sobre maniobras que generaron un perjuicio económico superior a los 112 millones de pesos.

Un engaño disfrazado de “negocio”

Según la imputación presentada por Cerda, los imputados no realizaron simples transacciones comerciales fallidas, sino que diseñaron un plan para ganarse la confianza de las víctimas y apoderarse de sus bienes sin pagar por ellos.

La Fiscalía detalló cuatro hechos principales ocurridos entre febrero y marzo de 2026 bajo un patrón de conducta recurrente:

  • Generación de confianza falsa: En uno de los casos, realizaron una seña por flete y gastos administrativos en una concesionaria oficial de Buenos Aires. Esto permitía que, cuando las víctimas llamaban para verificar, la agencia confirmara que existía un trámite a su nombre, induciéndolas a entregar más dinero o sus propios vehículos.
  • Uso de “vehículos mula”: Entregaban a los damnificados autos que provenían de estafas anteriores (como un VW Surán, siempre vehículos de menor valor que los entregados) para que no se quedaran “a pie” mientras esperaban los bienes prometidos, reforzando la apariencia de que el negocio era legítimo.
  • Documentación: Utilizaban sistemáticamente pagarés que nunca eran cancelados y formularios 08 firmados para dar una fachada legal a operaciones que culminaban en el impago absoluto.
  • Rapidez en el ocultamiento: Una vez que obtenían los vehículos, los transferían rápidamente a personas de su entorno o los ocultaban para dificultar su recuperación.

Los motivos de medida de coerción

A pesar de que la defensa de la pareja solicitó la libertad inmediata —argumentando que se trataba de una deuda que debía tratarse en el fuero civil por incumplimiento de contrato —, el juez coincidió con los riesgos procesales planteados por Cerda.

Los puntos clave para dictar la prisión preventiva fueron:

Peligro de fuga: Los imputados fueron detenidos en Puerto Deseado, Santa Cruz, y no se pudo comprobar que tuvieran un domicilio real en la zona, ya que en el lugar que declararon no reside nadie.

Gravedad del daño: El monto de la estafa supera los 112 millones de pesos e incluye camionetas que son herramientas de trabajo esenciales para las víctimas.

Peligro de entorpecimiento: Todavía existen bienes y dinero en efectivo que no han sido localizados. Se sospecha que los acusados podrían ocultar más pruebas o seguir transfiriendo bienes a terceros si recuperan la libertad.

Resolución judicial

El magistrado validó la postura de la Fiscalía, señalando que las maniobras en las concesionarias, lejos de ser actos de buena fe, eran parte de una “maniobra compleja” para sostener el engaño.

“Se dictó la prisión preventiva por 90 días y se ordenó el traslado de los imputados desde Santa Cruz hacia la provincia del Chubut para continuar con el proceso legal”.

La investigación permanecerá abierta por el plazo legal mientras las autoridades intentan dar con el paradero de los vehículos y la documentación que aún faltan recuperar.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.