El juicio por la muerte de Alejandro “Tino” John, el vecino de Las Golondrinas abatido durante un operativo policial el 27 de mayo de 2021, continúa desarrollándose en Esquel con las declaraciones de testigos claves. En las primeras jornadas brindaron su testimonio los hijos de la víctima —Donato, Dana y Martín— y su pareja al momento de los hechos, Claudia Costa Basso. También lo hicieron un vecino que había denunciado a John por los hechos ocurridos la jornada previa al operativo, una perita propuesta por las querellas y Federico Massoni, ministro de Seguridad provincial al momento del operativo.
La visita al lugar donde ocurrió el crimen, la chacra de Las Golondrinas, ya se realizó el pasado jueves 23 de octubre por la tarde. Según lo dispuesto por el Tribunal, el debate continuará al menos hasta el cierre de esta semana, mientras se prevé que los alegatos finales se desarrollen entre el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.
En diálogo con La Portada, el abogado querellante que representa a Costa Basso, Alfredo Pérez Galimberti, destacó que el caso “es un hecho bisagra en el ámbito nacional, porque se trata de cómo nos manejamos con las personas que tienen una enfermedad mental. La ley, toda la legislación internacional y nacional, dice que hay que preservar su vida y su integridad, y esto no se hizo acá”.
El letrado insistió en que la intervención policial fue “un operativo de guerra” y sostuvo que las fuerzas “acorralaron a un conejo en la madriguera y lo mataron sin compasión”. “No había ninguna necesidad real de preservar la vida o la integridad de alguien más que la de Tino John. Hicieron un juego de guerra y terminaron matándolo”, remarcó.
Consultado sobre la magnitud del procedimiento, Pérez Galimberti consideró que “estuvo todo mal”, ya que lo que debía ser un acompañamiento médico “terminó siendo un operativo comando, con personas camufladas que en pocos minutos entraron a la chacra y, para tranquilizar a una persona con un brote psiquiátrico, le tiraron una bomba de estruendo, una de humo y finalmente un tiro en la cabeza”.
El abogado también cuestionó los argumentos de la defensa del sargento Luis Moggiano, acusado de haber efectuado el disparo mortal. “Un vecino puede no tener información sobre la condición de Tino, pero un agente de la ley que va a cumplir con esto debe tenerla. No puede decir ‘no sabía, entonces lo maté’”, señaló.
En cuanto a los comisarios Cristian Soto y Omar Martínez, también imputados, el representante de la querella calificó como “ridículo” que intenten derivar la responsabilidad en la víctima y su familia. “Todos son responsables de la muerte de Tino menos la policía, que hizo lo que tenía que hacer”, ironizó.
Pérez Galimberti también apuntó contra el accionar del fiscal de la Comarca, Carlos Díaz Mayer, quien estuvo a cargo de la investigación en sus inicios. “Su papel fue penoso. Cubrió el accionar policial, no abrió la causa inmediatamente y rechazó la intervención de Gendarmería. Finalmente pidió el sobreseimiento de Moggiano y no quiso investigar a los dos comisarios”, denunció.
Respecto al cambio de calificación legal para Martínez y Soto, que pasaron de estar acusados por homicidio culposo a incumplimiento de deberes de funcionario público, el abogado explicó que se trató de una decisión técnica “para evitar la anulación del juicio”. “Las penas son más leves, pero lo importante es tener una sentencia que diga ‘esto está mal’”, indicó.
Por su parte, Marcos Ponce, representante de Donato John, resaltó el sufrimiento de la familia a lo largo de estos años. “El padecimiento que esta gente ha sufrido y viene sufriendo para llegar a esta instancia es prácticamente irreproducible. Después de casi cuatro años y medio estamos pudiendo llevar a juicio a los responsables”, valoró.
Sobre la decisión de modificar la imputación de los comisarios, Ponce coincidió en que fue una cuestión técnica para no poner en riesgo todo el proceso. “No es simpático para nadie, pero fue comprendido por la familia. Lo que se busca es declarar responsabilidades y dejar sentado que la Provincia del Chubut y sus fuerzas policiales no deben proceder así frente a personas con padecimientos mentales”, explicó.
El abogado también destacó la importancia de la recorrida que los jurados realizaron por la chacra donde murió John. “Es fundamental que puedan ver el lugar, las distancias, la inexistencia de peligro en las inmediaciones. Que vean que era una chacra de cinco hectáreas y comprendan la mecánica de lo sucedido”, dijo.
Ponce insistió en que el caso expone “una responsabilidad clara del Estado”. “La Ley de Salud Mental establece que la obligación es preservar la integridad de la persona, y la Policía entendió que la única forma de hacerlo era matándolo. Eso es lo que tiene que quedar claro en este juicio”, subrayó.
Las partes acusadoras (querellas y Fiscalía) ya terminaron de producir toda su prueba y declararon todos los testigos propuestos por ellos. A partir de ahora es el momento de los defensores. Entre lo más destacado, en la mañana de este miércoles declaró el ministro de Seguridad de la provincia al momento de los hechos, Federico Massoni, uno de los testigos más importantes que tienen los defensores de los tres imputados.























