A casi un año de haberse aprobado el proyecto en el Concejo Deliberante, la cooperativa de Remises de Inclusión Social aún no fue habilitada para funcionar. Proponen comenzar a trabajar con tres vehículos y uno adaptado con el compromiso de incorporar el que falta en un año. “Sentimos que hay un destrato hacia las personas con discapacidad que quieren trabajar y que necesitan el servicio”, expresaron.
El Concejo Deliberante de Esquel aprobó en diciembre del año el proyecto de una remisería operada por personas con discapacidad. Se trata de la cooperativa “Remises de Inclusión Social” (RIS) que desde ese momento se encuentra reclamando su habilitación para comenzar a trabajar.
La ordenanza aprobada autoriza al Ejecutivo Municipal a otorgar la habilitación comercial bajo una serie de requisitos. La remisería debe acreditar matrícula ante el INAES y el cumplimiento de todas las obligaciones para la prestación del servicio, la habilitación otorgada no podrá exceder veinte meses desde la fecha de su otorgamiento pudiendo ser prorrogada y deberá contar “indefectiblemente” con dos vehículos adaptados para el traslado de personas con discapacidad con un máximo de cinco vehículos en total.
En un primer momento la Cooperativa de Remises de Inclusión Social no contaba con ningún vehículo adaptado pero había solicitado que los habilitaran a trabajar para poder comprarlos. Pero la respuesta fue negativa.
César Caneo, integrante de la cooperativa de remises, contó en diálogo con La Portada que hace unos días le presentaron una nueva propuesta al Concejo Deliberante. “Propusimos comenzar a trabajar con tres vehículos comunes y uno adaptado, pero se toman su tiempo para tratarlo y no le dan prioridad al ciudadano. No sabemos si lo van a resolver después de sus vacaciones pero nosotros necesitamos trabajar”, expresó.
Caneo manifestó que se sienten decepcionados con el accionar del gobierno municipal y de los concejales. “No sabemos si tienen algo personal con nosotros o si siempre fueron así. Nosotros pensamos que los concejales tendrían que reunirse automáticamente para ver la necesidad del pueblo y darle una respuesta”, declaró.
Asimismo señaló que ya no saben cómo plantear su reclamo porque los tratan de violentos por hablar enérgicamente y los denuncian. “Nosotros no nos estamos negando a cumplir la ordenanza, sólo les pedimos una prórroga y nos comprometemos a presentarles el otro vehículo adaptado al término de un año”, explicó.
Caneo remarcó en este sentido que “nosotros queremos trabajar, no le estamos pidiendo nada al Estado, sólo una prórroga de la habilitación comercial como tantas que se dan”.
Recordó además que se encuentran pagando el alquiler de un local para la remisería, un compromiso que asumieron al poco tiempo que fue aprobada la ordenanza porque esperaban comenzar a funcionar en lo inmediato. Sin embargo, un año después, se encuentran con deudas y sin poder generar un ingreso.
“Es un gasto que todavía no pudimos afrontar por un capricho del Concejo Deliberante”, lamentó. Además aseguró que “nosotros sentimos que hay un destrato hacia las personas con discapacidad porque les quitan la posibilidad de trabajar y de contar con el servicio”.
Caneo también advirtió que están sufriendo una persecución por parte del municipio. “No podemos reunirnos en el local que alquilamos porque nos mandan a la policía y al personal de Tránsito. Hoy estamos siendo perseguidos por el Estado municipal sin pruebas de nada. Nos acusan de trabajar de manera ilegal cuando nosotros no estamos haciendo nada”, planteó.
Por último Caneo confió que se encuentran analizando tomar otra medida ante la falta de respuestas del municipio. “Nosotros necesitamos trabajar, comer y pagar nuestras deudas. Es muy triste lo que estamos pasando”, cerró.