El Senado aprobó ayer con 61 votos afirmativos, el proyecto de ley que prorroga la emergencia alimentaria hasta 2022. La iniciativa recibió media sanción la semana pasada en Diputados por 222 votos positivos y una sola abstención.
El senador Marcelo Fuentes (Neuquén), presidente de la bancada FPV destacó al momento del cierre del debate, que “estamos ante un hecho político significativo que es la carnalidad en la visibilidad del hambre” gracias a la “motivación de las movilizaciones sociales”.
Por el Bloque Justicialista, el senador Carlos Alberto Caserio (Córdoba) manifestó que “hoy reconocemos en esta Cámara que esta Ley que estamos tratando nos interpela a todos los que tenemos responsabilidades institucionales, porque los que tienen hambre siguen estando ahí por más que nosotros hagamos una competencia para ver quien tiene la culpa”.
Aseguró que “la situación en la que se encuentra la Argentina es una verdadera tragedia y no hay soluciones mágicas sino que estamos ante políticas económicas equivocadas”, y consideró “positivo que votemos esta ley porque a fin de año esta situación no va a ser distinta sino que va avanzando”.
El presidente de la bancada de Cambiemos, Luis Naidenoff (Formosa) sostuvo que “si hay un debate que queremos dar es el de la pobreza”. Consideró que “la pobreza es algo que excede a una mirada mezquina o al contexto del 27 de octubre, sino que convivimos con la emergencia social y alimentaria desde hace 18 años ininterrumpidos en la Argentina”.
El senador opinó que “la pobreza estructural va de la mano de la inflación y nosotros asumimos con un déficit fiscal enorme y logramos consensos fiscales y bajar el déficit”.
“El rostro de la pobreza nos interpela a todos: intendentes, gobernadores, legisladores, a los cultos en la Argentina, empresarios y gremios”, concluyó Naidenoff.
Todos los senadores acompañaron la iniciativa que establece un “incremento de emergencia” de como mínimo, el 50% de los créditos presupuestarios vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente las partidas, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
Y se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
Fuente: Tiempo Argentino