Por Susana Asaf
Los jubilados y pensionados son sin duda uno de los sectores más golpeados por las políticas del nuevo modelo económico y no lo llamo ajuste porque quien gasta más de dos millones en un almuerzo, no se está ajustando. El poder adquisitivo para este sector ha sufrido un deterioro solo comparable al periodo de los 90, aunque la diferencia es que esta reforma afecta también a los trabajadores que se jubilarán en el futuro .Con el disfraz mentiroso de un 82 por ciento móvil al punto de que es mínima la cantidad de jubilados que logren una mejora sustantiva por ese coeficiente, esta tasa de reemplazo es alcanza solamente al 10% de los jubilados con la mínima y que en la actualidad ya estaba virtualmente al borde del simbólico 82 por ciento móvil. El incremento real es de 19 pesos.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay advertía antes de su aprobación “la nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios contemplada en el proyecto oficial no puede ser aplicada retroactivamente a los actuales beneficiarios pues ello implica una seria violación al principio respectivo y a la seguridad jurídica en que se asienta el derecho de propiedad. Además, desconoce el principio de progresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales, entre los que se cuenta la previsión social y, su consecuencia, el derecho de no regresividad. Esto es que cuando en un Estado se ha alcanzado un determinado nivel en materia protección de estos derechos no es posible que una medida gubernamental redunde en algún tipo de menoscabo del alcance de un derecho”. En síntesis, “es inconstitucional”.
Sabsay agrega que esos principios se apoyan en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2.1 del Pacto de Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales, ambos con jerarquía constitucional. Por ejemplo, con la fórmula hoy vigente, a un haber medio de $10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $1.250 en marzo de año. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento es de 530. La quita sobre $1.250 de aumento es de más del 52%.Otro, es al artículo 5 que dice que la garantía del 82% del salario mínimo se aplicará a los que acrediten 30 años de aportes efectivos – excluyendo a los que se jubilaron por moratoria –y que les corresponda la PBU (Prestación Básica Universal). Quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento de los trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU y que lógicamente no usaron la moratoria. En esos casos se trata de una discriminación en contra de afiliados, con aportes al día al momento de la invalidez o fallecimiento, o derecho habientes, que deben ser tratados en un pie de igualdad con los que obtuvieron la PBU, afectando la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional. El abogado Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consideró que la reforma previsional es contraria al “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene estabilidad constitucional, y a las observaciones que hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Y explicó: “La fórmula nueva, en la medida que implique una regresión desde lo que se está ganando (hasta febrero), viola los derechos de los jubilados “. “Cualquier modificación en la fórmula de cálculo que implique que los jubilados ganen menos es regresiva y viola los derechos económicos, sociales y culturales”, enfatizó Gil Domínguez.
A este genocidio al que se está empujando a un sector de la sociedad se agrega, la situación de muchos jubilados que para poder hacer frente a los tarifazos y aumento de insumos básicos, han tomado prestamos en Anses y ven disminuido su ingreso pero no verán disminuidos los intereses a los que se comprometieron calculando aumentos superiores de sus ingresos. Mención especial merece el casi 400% que lleva en dos años el aumento de medicamentos, no solo por la inflación, sino que en los últimos meses acompañó gustoso la carrera del dólar. Donde dicen que no hay recursos para remedios oncológicos, prótesis y anteojos, pero SI HAY,la falta de prestaciones para los jubilados no encuentra explicación, por un lado PAMI benefició al club Boca Juniors (dirigido por el macrista Daniel Angelici) con un convenio en 2017 entregándole $37.825.360,75 y en enero último el gobierno habilitó por decreto a la Administración de Seguridad Social (ANSES) a financiar proyectos de empresas privadas, luego de ajustar a los jubilados con la reforma previsional. Los créditos se canalizarán a partir través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mientras los recursos aportados por todos vuelan, se ve en el movimiento económico local, los jubilados gastan en su ciudad, son recursos que permiten desarrollar una ciudad , mientras esta sangría engorda capitales foráneos. Cuando cierto sector habla de pagar una fiesta podemos decir que los jubilados estamos pagando una orgia, y cuando gustan las comparaciones con Japón por ejemplo, averigüen como tratan esos países a sus mayores.
Genocidio : Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos.
