La concejal de Unión por la Patria, Silvana Sánchez Albornoz, advirtió sobre una situación que calificó como “discriminatoria” en el trámite de renovación de una licencia profesional para un vecino con discapacidad de la ciudad.

Según relató, el vecino en cuestión, quien cuenta con una licencia B1 F —categoría que contempla adaptaciones para personas con discapacidad—, se acercó hace varios meses a la oficina de Licencias de Conducir para solicitar la ampliación a uno profesional. “Tiene una reducción de movilidad en una de sus piernas y por eso posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, explicó la concejal.

Sin embargo, al intentar avanzar con el trámite, se le negó esa posibilidad de forma verbal. “La primera respuesta que le dan, luego de consultar con el médico de la oficina, es que no puede tramitar su carnet profesional”, señaló Sánchez Albornoz, quien remarcó que la falta de respuestas llevó al vecino a acudir al Concejo Deliberante en busca de ayuda.

“Muchos vecinos que no tienen respuesta de la Municipalidad se acercan acá, y creo que acudió al lugar correcto. Negarle la posibilidad de tramitar una licencia, de hacer el camino administrativo, es un acto discriminatorio, esa es la realidad, hay que decirlo con todas las letras”, afirmó.

En ese sentido, recordó que hoy el paradigma en discapacidad ha cambiado: “Se propugna que las personas con discapacidad puedan trabajar. Tenemos una ley de cupos y promocionamos su inserción laboral. Entonces, este tipo de decisiones es una contramarcha a ese nuevo paradigma y a la contemplación de derechos que existe actualmente”.

Consultada sobre si la licencia y la categoría limitan la función que cumple el vecino, Sánchez Albornoz respondió que “en principio no”. “De hecho, él trabaja como remisero hace muchos años y tiene derecho a solicitar la licencia. Después habrá que analizar el apto físico, eso sí es cuestión de un médico, quien lo revisará”, planteó.

Además, la concejal explicó que el vecino había tenido su licencia profesional anteriormente, y que el CUD es una tramitación reciente. “La tuvo hace muchos años. El carnet de discapacidad es nuevo, también por una cuestión de que a veces necesitamos los certificados para acceder a prestaciones de salud, médicas o de obra social”, comentó.

Durante la última reunión de comisión de Legales, Sánchez Albornoz expuso el caso y presentó jurisprudencia similar ocurrida en Mendoza. “Me escucharon los demás concejales y lo que se va a hacer es citar el próximo lunes tanto al vecino como a la jefa de Licencias de Conducir, a la directora de Inclusión y también al Consejo de Discapacidad, que es un órgano asesor de todas las decisiones municipales”, indicó.

Sobre este punto, remarcó: “La directora de Inclusión no debe limitarse a su oficina, sino trabajar transversalmente en todas las áreas, haciendo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.

Al ser consultada sobre si este tipo de situaciones tiene relación con la falta de formación en perspectiva de discapacidad dentro del municipio, Sánchez Albornoz fue categórica: “Creo que partió de cierta ignorancia, de desconocimiento de las normas y, sin lugar a dudas, de una falta de perspectiva en discapacidad en el trabajo municipal”.

Respecto a los pasos a seguir, explicó que desde la comisión de Legales se notificará a la oficina de Licencias de Conducir para que tome el trámite del vecino. “Tienen que iniciar los trámites como con cualquier otra persona. En todo caso, si el vehículo debe ser adaptado o si se requieren ajustes específicos, eso se determinará en otra instancia. Pero no corresponde una negativa de entrada y sin mayor consulta”, afirmó.

Actualmente, el vecino se encuentra imposibilitado de trabajar de manera directa. “Entiendo que tiene su licencia de remis, quizás con un chofer, pero no es él quien puede trabajar”, concluyó.