En una sesión especial del Concejo Deliberante realizada este martes por la mañana, la doctora Adriana Conesa fue elegida por segunda vez consecutiva como Jueza de Faltas de Esquel. Los nueve concejales presentes votaron a favor de su continuidad, basándose en el orden de méritos determinado tras la evaluación realizada la semana pasada por el doctor Gunther Flass.
Conesa obtuvo el puntaje más alto, con 21 puntos, destacándose frente a los otros dos postulantes: Fabián Santos, quien alcanzó 13 puntos, y Ana Laura Cilio Núñez, con 10. La evaluación contempló aspectos como el conocimiento del derecho, el funcionamiento de la justicia de faltas y la capacidad de argumentación.
En la sesión legislativa estuvieron 9 de los 10 concejales (solo se ausentó Liza Arrúa). Todos los presentes eligieron a la actual titular del Juzgado de Faltas y si bien se preveía que asuma hoy mismo, se le prorrogó el mandato por dos días para hacer efectiva su asunción en la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante celebrará este viernes a las 9 de la mañana, en el Centro Cultural Melipal.
Luego de conocerse la definición, Adriana Conesa reflexionó sobre la renovación de su mandato y los desafíos por delante. “Fue muy diferente la situación en mi anterior elección. Estábamos en pandemia y se arbitraron los medios para que todo pueda ser lo más normal posible”, recordó.
Sostuvo que “fueron cuatro años de mucho trabajo, de organización y reorganización del Juzgado de Faltas. Tomaré esa experiencia y continuaré con el proyecto que tengo”.
Educación y prevención, los ejes principales
La jueza subrayó que su prioridad seguirá siendo la educación como herramienta clave para construir una sociedad más justa y ordenada. Esta característica de su línea de trabajo fue reconocida por los ediles que decidieron argumentar su voto. “La pena es el último resorte que podemos utilizar. Creo que prevenir es lo mejor. En ese camino desarrollé mi actividad durante estos cuatro años y lo voy a continuar”, expresó.
En este contexto, destacó la importancia de implementar penas reparatorias como alternativa a las sanciones económicas, especialmente en casos de personas sin recursos para afrontar multas. “Las tareas reparatorias permiten al infractor reparar su falta a través de actividades en establecimientos públicos. Si cumple con esa actividad, la multa no se impone. Es una posibilidad para quienes no tienen los medios económicos y, a la vez, una forma de educar y reparar el daño causado”, explicó.
Sin embargo, reconoció que llevar adelante esta medida implica superar ciertos desafíos logísticos y legales, como la provisión de seguros y equipamiento adecuado para quienes realicen las tareas: “Es algo para empezar a estudiar y ver cómo se puede poner en práctica”.
Resaltó que a estos efectos la colaboración con el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal será clave para lograr aplicarlas, ya que en este momento “están previstas en una ordenanza exclusivamente para que los padres de menores que cometan infracciones las realicen, pero nunca se puso en práctica”.
Resultados positivos y desafíos pendientes
Conesa también resaltó logros concretos de su gestión, como la reducción de infracciones por alcoholemia gracias a la aplicación de la ordenanza 43/2020 y campañas educativas. “Hemos podido bajar bastante el consumo de alcohol al conducir. Ahora tenemos una nueva ordenanza respecto a alcoholemias y espero que también funcione”, afirmó.
En cuanto a las áreas que más tiempo demandan al Juzgado de Faltas, mencionó el Servicio de Estacionamiento Medido y las infracciones de tránsito como las principales. Según explicó, las multas relacionadas con el SEM suelen ser elevadas en casos de reincidencia, y aún persisten situaciones complejas, como infractores con multas acumuladas desde 2020 por no activar la aplicación correspondiente.
Aclaró que, si bien las multas prescriben al año, según lo establece el Código de Procedimiento de Faltas, esto no es así cuando hay reincidencia dentro del año de cometida la infracción. Eso ocurrió en los casos de sanciones de larga data.
Con la renovación de su mandato por los próximos cuatro años, Adriana Conesa buscará profundizar las políticas de prevención y educación, así como avanzar en la implementación de las penas reparatorias.