Andrea Molachino, referente del grupo de Vecinos Autoconvocados por la Cooperativa 16 de Octubre, expresó sus dudas sobre la resolución del INAES que dispuso una veeduría prolongada para la entidad. En diálogo con La Portada, analizó los antecedentes de la medida, las irregularidades detectadas y las implicancias políticas y legales detrás de esta decisión.
“No está muy claro en qué consiste la veeduría”, afirmó Molachino, dejando entrever la incertidumbre que rodea a esta decisión administrativa. Aunque el INAES fundamentó la medida en la Ley 20.337 de Cooperativas, la vecina cuestionó su base legal: “Citan dos artículos de la ley, pero en ninguno aparece lo que es la veeduría. Lo que sí existe en la normativa es la figura de veeduría interna, que debería ser ejercida por un socio elegido en asamblea, sin conflictos de interés. Pero entendemos que esto no es lo que están aplicando”.
Además, criticó la falta de información sobre aspectos clave de la instancia dispuesta. “No sabemos el alcance, ni si será una persona o un grupo, ni cuánto tiempo durará. Simplemente hablan de una veeduría prolongada, pero cuánto es ‘prolongado’ es subjetivo”, señaló.
Una deuda millonaria
Uno de los puntos más preocupantes para los Vecinos Autoconvocados es la deuda de 353 millones de pesos que la cooperativa mantiene con CAMMESA. Según Molachino, esta situación contradice los discursos previos del Consejo de Administración. “Cuando empezamos a investigar, nos decían que éramos la cooperativa mejor administrada, que no teníamos deuda. Ahora aparece este expediente con una deuda millonaria, y nos preguntamos: ¿dónde está el dinero?”, sostuvo.
Molachino recordó que hace dos meses el intendente de Esquel, Matías Taccetta, gestionó un préstamo de 200 millones de pesos para la Cooperativa, aparentemente destinado a saldar esa deuda. Sin embargo, hasta el momento, no hay claridad sobre el destino de esos fondos. “Lo más llamativo es que en la última asamblea de delegados nadie preguntó al respecto. Solo asistieron 30 de los más de 200 delegados, y todos levantaron la mano para aprobar el balance sin cuestionar nada”, enfatizó.
No obstante, la deuda no es el único problema que enfrenta la entidad. Molachino detalló una lista de denuncias presentadas por los vecinos, entre las que se incluyen irregularidades en los listados de delegados y dificultades para participar en los procesos eleccionarios. “Hemos denunciado avales apócrifos, nombres de delegados que se siguieron utilizando sin autorización y casos de delegados que ni siquiera viven en Esquel”, cuestionó.
En ese sentido, lamentó que el dictamen del INAES no abordara muchas de estas irregularidades. “El foco está puesto en la deuda con CAMMESA y el conflicto con la mutual Aoni Kenk, pero del resto de los expedientes presentados, casi no hay mención. Nosotros llevamos nuestras denuncias incluso a la justicia, pero parece que no se están tomando en cuenta”, expresó.
Para Molachino, la decisión del INAES de implementar una veeduría en lugar de una intervención completa responde más a un cálculo político que a una solución estructural. “Esta medida parece una forma de quedar bien con Dios y con el diablo. Hay un tire y afloje entre personajes históricos de la Cooperativa y el gobernador, que ha pedido la intervención. Pareciera que la veeduría es un punto intermedio para evitar conflictos mayores”, analizó.
La referente del grupo de autoconvocados también se mostró crítica sobre los costos de la veeduría, que serán asumidos por la prestadora del servicio eléctrico. “Esto significa que los socios, los usuarios, los vecinos, vamos a pagar por esta medida. Si realmente resuelve los problemas, no será un gasto, sino una inversión. Pero, dadas las circunstancias, dudamos que lo sea”, manifestó.
Expectativas de los vecinos
A pesar de las críticas, los Vecinos Autoconvocados esperan obtener más información sobre la implementación de la medida dispuesta por el organismo nacional que regula las Cooperativas. “Vamos a pedir detalles a través de las plataformas oficiales del INAES y también esperamos que el intendente y el gobierno provincial exijan claridad. Aquí hay una responsabilidad política que no se puede ignorar”, afirmó Molachino.
En cuanto al futuro, se mostró escéptica pero abierta a los resultados. “Si esta veeduría soluciona algo, será bienvenida. Pero con la gravedad de los problemas que venimos denunciando, no parece que vaya a ser suficiente. Esto necesita un cambio profundo, no medidas superficiales”, concluyó.
