Trabajadoras del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación fueron despedidas la semana pasada, en el marco del ajuste del gobierno nacional dentro del cual se dispuso el cierre de esta cartera. En diálogo con La Portada, Valeria Freeman, una de las trabajadoras afectadas, relató que ella se desempeñaba en el Programa Acercar Derechos (PAD).

Comentó que no tenían un espacio físico y muchas veces utilizaban sus domicilios particulares para reuniones del equipo y atender por videollamada a personas que atravesaban situaciones de violencia por motivos de género, y en otras oportunidades utilizaban lugares públicos como confiterías. “Soy consultora técnica. Lo que hacíamos era recibir consultas, brindar una escucha activa y en mi caso asesorar jurídicamente a las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en esas situaciones”, explicó.

En este sentido, indicó que se dedicaban a elaborar estrategias de abordaje integral y transversal con la correspondiente confidencialidad que exigía cada caso y un consentimiento informado de la persona afectada.  En Esquel, eran dos abogadas, una psicóloga y una trabajadora social: “Se trabajaba desde la no revictimización, se indagaba sobre redes de apoyo y contención existente y se articulaba con otros organismos municipales y organizaciones sociales”.

Del mismo modo, derivaban los casos que debían judicializarse al patrocino jurídico y articulaban con el Servicio de Asistencia a la Víctima del que dispone la justicia.

Freeman aseguró que en los 6 meses de gobierno de Javier Milei “asistimos a un comité de fusilamiento, estuvimos pensando a ver cuándo nos tocaba a nosotras”. “En mi caso fue el miércoles (NdR: 5 de junio). Me enviaron un mail que solamente lo firmaba Recursos Humanos, diciendo que no se había solicitado la renovación de mi contrato”, expuso.

Al día siguiente renunció la subsecretaria contra la violencia de género: “Es un retroceso enorme”. Asimismo, acusó que fue “totalmente discrecional y sin ningún criterio”, porque nadie evaluó el trabajo que realizaban.

Además, la abogada señaló que estaban en situación de precariedad laboral, ya que su modalidad de contratación tenía “todo tipo de irregularidades”. De hecho, en este primer semestre del año habían comenzado a hacer renovaciones mensuales, cuando hasta el año pasado eran anuales.

Están siendo asesoradas por ATE, aunque reconoció que en lo personal ve “bastante difícil que se pueda revertir la situación” por las particularidades del modo en que estaban contratadas. “Trabajábamos precarizadas, cumpliendo las funciones de contener a personas que atraviesan situaciones de violencia, y sufríamos esa violencia a través de las modalidades de contratación y las condiciones de trabajo”, consideró.

Freeman valoró que, en su tiempo de trabajo, desde septiembre de 2022, aprendió mucho por “las capacitaciones, el día a día y el equipo que formamos”. Por esto, destacó que le deja “una experiencia muy valiosa” en su carrera profesional.

No obstante, puso en evidencia “el retroceso que significa el aniquilamiento de las políticas públicas contra la violencia de género”. “Se ha dado un vaciamiento en todos los niveles”, afirmó y planteó que se debería “potenciar lo poco que había, para trabajar con quienes están en una situación de extrema vulnerabilidad”.

En Chubut existen 3 equipos: Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia. “Las personas llegaban porque alguien les comentaba de la existencia nuestra, teníamos una línea institucional para contactarse y un mail. También hacíamos operativos en los barrios, junto con ANSES, PAMI y la AFIP”, detalló.

En la cordillera trabajaban 4 profesionales: a 3 les comunicaron el fin de su vínculo y a una se le terminará en junio. “Al no existir equipos interdisciplinarios en las áreas de género y no haber un financiamiento, ni personal a nivel nacional, dejan de existir las políticas públicas en esa materia y avanza la desigualdad”, lamentó.

Al respecto, resaltó que en el Programa Acercar Derechos del que formaba parte existía un importante vínculo territorial “con equipos de todo el país”: “Ahora un montón de provincias quedan sin ese abordaje integral de asistencia jurídica y psicosocial”.

Freeman recordó que el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad “se constituyó desde la militancia y a partir de las demandas de las organizaciones feministas y transfeministas”.  “Su desjerarquización y el posterior cierre significan un retroceso enorme en materia de derechos y es un atropello a las políticas conquistadas a lo largo de años de lucha”, agregó.

Por último, dejó en claro que el gobierno no puede desentenderse del tema y “está obligado a tener un área específica, no solamente por la Ley Nacional de Protección Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y Diversidades, sino también por los convenios y los compromisos internacionales, como CEDAW y Belem Do Pará”.

Deja un comentario

¡Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí