Jubilados provinciales insisten en que es “ilegal” que el sueldo del ministro Ayala lo pague el ISSyS

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Jubilados de la provincia del Chubut solicitaron la semana pasada una audiencia con el fiscal jefe de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez. Fue por la denuncia que realizaron a raíz de tomar conocimiento de que el ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Cristian Ayala, cobraría sus haberes como funcionario con fondos del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), en lugar de hacerlo a través del Poder Ejecutivo.

Carlos Cohen Arazi, que encabezó este pedido junto a Rosa Contrera, reveló en diálogo con La Portada que fueron citados para una videoconferencia que tendrá lugar este miércoles 15 de noviembre. Recordó que antes de llegar al Ministerio, Ayala fue secretario de Trabajo y es miembro del equipo de Legales del ISSyS: “Conoce mejor que nadie las leyes, pero tanto a él como al Instituto no les preocupa violarlas en beneficio propio”.

Cohen Arazi relató que en enero de 2022, un jubilado revisó el Boletín Oficial y detectó que el ministro de Gobierno y Justicia había asumido el cargo ad honorem. Esto llevó a que comiencen a investigar porque sospechaban que podría estar cobrando sus haberes a través del ISSyS, lo que fue confirmado por Ayala en una entrevista en la que expuso además que también había percibido su salario del mismo modo cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo (desde 2019): “Hace 4 años que el sueldo se lo pagamos todos los trabajadores que formamos parte del Instituto”.

A partir de esto, pidieron al directorio que aclare la situación y, ante la falta de respuesta, reclamaron a la Legislatura que efectúe un pedido de informes. No obstante, cuando los diputados lo solicitaron,  Alfredo Prior, presidente de la institución, contestó que “se hizo porque había un vacío legal y decidieron utilizar la figura de la adscripción, a través de la cual le cedían al Poder Ejecutivo a Ayala para que desempeñe el cargo de ministro, pero le seguían pagando el sueldo”.

Sin embargo, el vocero de los jubilados contó que “ocurrió algo llamativo, porque en privado, Prior les dice que hay otros empleados adscriptos, muchos en la Legislatura”. “Los presionó de una manera un tanto mafiosa y eso generó que los legisladores no abrieran más la boca”, expresó.

A continuación, enfatizó que se trata de una grave violación a las leyes del Instituto que “dicen expresamente que los fondos que recauda no pueden destinarse a otra cosa que no sea el pago de las jubilaciones, pensiones, retiros y al funcionamiento de la obra social”. Por eso decidieron presentar una denuncia en el Ministerio Público Fiscal en marzo del año pasado, que un mes después fue derivada a la fiscalía de Omar Rodríguez por tratarse de un presunto delito contra la Administración Pública.

Pasado “un prudente tiempo de espera, preguntamos en qué estado se encontraba y nos respondieron que estaban realizando actuaciones y nos iban a avisar cuando tuvieran más información, pero no lo hicieron”.

La cuestión se reavivó al tomar conocimiento de que el directorio del Instituto ascendió hace poco a Ayala al cargo de gerente general “siendo que el ministro no tuvo ningún mérito para obtener el ascenso y el consiguiente aumento de sueldo, porque no cumplió ningún tipo de función desde el 2019”.

Volvieron a reclamar una cita a Rodríguez y ahí se enteraron, por un oficio que les envió la funcionaria fiscal Analía Acuña, que en septiembre de 2023 la denuncia había sido desestimada. Cohen Arazi se mostró extrañado porque el documento “estaba solo firmado por ella y no por el fiscal”.

Por esta razón, junto a Rosa Contrera exigieron una reunión por videoconferencia para tener mayores precisiones y se las concedieron para hoy, 15 de noviembre. Según consta en el oficio, advirtió: “La funcionaria le da la razón al Instituto,  dice que hay un vacío legal dentro de las leyes que rigen las normas del personal y no encontró otra figura que la de la adscripción”.

A pesar de esto, consideró que de este modo desconoce “que existe otra forma, ampliamente aceptada en toda la administración pública, que es la licencia sin goce de haberes y es la que se debió haber aplicado”.

El jubilado del sector sanitario cuestionó que mientras a Ayala “le pagan su salario los trabajadores estatales, él mismo los ajustó con salarios de hambre”. “Este directorio le niega el aumento del 60% de las horas guardia a los empleados de salud y no responde la solicitud de los jubilados reclamándolo”, criticó.

Por último, realzó que este hecho “generó una multitud de protestas y repudio de distintos actores políticos y empleados del ISSyS, que están en contra del nombramiento del ministro como gerente general”. “Los gremios manifestaron que se va a convocar al directorio para exigirle la anulación del ascenso de Ayala”, concluyó.