Cuando la desigualdad es notoria el malestar por quienes resultan afectados no se hace esperar. Es que de acuerdo a la información de los últimos días los diputados de la provincia del Chubut, y los empleados del Poder Legislativo, percibirán un incremento salarial del 30%.
Cabe mencionar que dicho incremento también abarca a las dietas de los diputados y que se terminaría de percibir en diciembre próximo.
En el otro extremo se encuentran los empleados de las distintas áreas del Gobierno provincial a quienes se otorgó – sin paritaria mediante como debería ser – una suba de salarios en tramos terminando de cobrar dicho porcentaje en febrero del año próximo. A ello debe sumarse el hecho que el bono otorgado anteriormente será absorbido por el incremento salarial. Al momento de hacer números esta suba perjudica a los trabajadores que perciben un salario bajo y no así a quienes cobran cifras superiores.
El ministro de Economía, Oscar Antonena, explicó desde un medio de comunicación que “esto es un incremento a cuenta de lo que se logre cerrar” y que la “paritaria no está cerrada”.
Sin embargo es preciso tener presente que una discusión salarial implica la negociación de los términos entre las partes lo cual no ocurre en Chubut ya que el Gobierno se reúne con los Sindicatos sólo para informar sobre la cifra que está dispuesto a otorgar.
Las diferencias que se plantean, la falta de verdaderas instancias de negociación con los gremios y los incrementos a las dietas de los diputados suman al descontento general. Es así que empleados estatales de diversas dependencias, a través de sus gremios, expresaron su rechazo a los anuncios del Gobierno y realizaron medidas de acción directa consistente en estados de asambleas y movilizaciones.
No parece lógico que al malestar que existe desde hace mucho tiempo por la falta de pago de los salarios en tiempo y forma de los estatales ahora se sume un nuevo motivo para recrudecer el conflicto. El momento de pensar ideas superadoras es este porque – en definitiva – esa es una de las principales obligaciones de quienes ocupan cargos públicos elegidos por los votantes.