Se realizaron los alegatos en el juicio contra el Javier Alberto Solorza, quién tuvo un rol activo al frente de un grupo de la Guardia de Infantería en enero de 2017. La Fiscal María Bottini pidió la declaración de responsabilidad del imputado por abuso de autoridad, lesiones graves y lesiones leves agravadas. En relación a ellos solicitó la imposición de una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el doble plazo de la condena. Dos abogadas actuaron por la querella en representación de los denunciantes. Paola Bagnato por la Defensa Pública y Sonia Ivanoff como defensora particular. Daniel Sandoval, abogado de Solorza, argumentó pidiendo la absolución.

Bottini organizó su alegato planteando en primer lugar los aspectos no controvertidos, luego aquellos probados aunque con alguna discrepancia de la defensa, para luego centrarse en lo que consideró el eje del análisis: evaluar jurídicamente la actuación del imputado Solorza, para establecer si en su rol de jefe del grupo de infantería es penalmente responsable de los delitos por los cuales ha sido llevado a juicio. “El Ministerio Público Fiscal… tiene un especial interés en que los casos de violencia institucional sean investigados y en su caso, de llegarse a la certeza necesaria de que existió una mala actuación policial y que encuadra en un delito penal, sea castigada con la sanción correspondiente”, indicó.

Según la versión de Solorza, al pasar el móvil en el que circulaban desde El Maitén hacia Esquel, un grupo de personas del Pu Lof los agredieron con piedras. La fiscal se pregunta, cuál era el tenor de la agresión y si ameritaba semejante uso de la fuerza. “Ameritaba que la propia policía arrojara piedras? Que dispararan con escopetas antitumulto totalmente fuera de protocolo?”

Bottini resaltó que la respuesta del grupo especial debe ser efectiva para neutralizar la agresión, el nivel de respuesta debe ser adecuado, utilizando el mínimo de la fuerza. En su criterio hubo un exceso.

“La actuación desde sus inicios fue abusiva, después la orden de disparo, viendo que se hacía por fuera de protocolo y además observando que se arrojaban piedras, estando a cargo del procedimiento sin dar una contra orden en tal sentido”, puntualizó la acusadora pública.

Bottini pidió la imposición de una pena de cuatro años de prisión mas el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos, teniendo en cuenta la pluralidad de víctimas, la diversidad de bienes jurídicos afectados, la especial vulnerabilidad de las víctimas y las secuelas de las víctimas tanto físicas como psicológicas.

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Paola Bagnato, abogada de la Defensa Pública, actuó como representante de la querella de uno de los daminificados. Fundamentó por qué en su criterio se probó que Solorza estaba a cargo del grupo, así como también la falta motivación suficiente para que el móvil se detuviera y acometiera del modo en que lo hizo provocando lesiones en su representado. Bagnato se refirió al uso inadecuado e ilegal de las armas antitumulto del grupo. “Sin ningún justificativo en contra de lo que dice la Constitución, las leyes y el protocolo, el oficial Solorza haciendo abuso de autoridad ordenó al grupo a su cargo, descender del móvil y reprimir violentamente”, sostuvo.

Bagnato pidió la declaración de responsabilidad por lesiones leves agravadas y la imposición de la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y el doble de inhabilitación, por el hecho que afectó a su representado.

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La abogada Sonia Ivanoff, representante del resto de los damnificados, resaltó el rol de mando de Solorza, indicando que estaba a cargo del grupo. Añadió que no fue una operación planificada, fueron sin orden, “claramente el toma la decisión de reprimir en el momento en base a las circunstancias del momento… Es el autor por tener el dominio del hecho”, indicó la letrada. Indicó luego que es impensada la teoría de la defensa, de la autolesión. “Por la intensidad, por el modo de ataque, de organización, no es creíble la línea argumentativa de la defensa”, relató. Finalizó su alegato, pidiendo la condena.

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Daniel Sandoval, luego de escuchar a las acusadoras y el testimonio de las víctimas, dijo que se le quieren achacar a su defendido los abusos históricos sufridos por el pueblo Mapuche, por los que él no es responsable. Añadió que en relación al hecho en cuestión, Solorza solo puede responder por sus propios actos y procuró desvincular su responsabilidad de las conductas llevadas a cabo por el personal del grupo especial. Indicó que el proceder abusivo de algunos efectivos, son responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos y no de su defendido.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.

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