Tras la recesión macrista y un 2020 azotado por la pandemia, la necesidad de reactivar la economía ocupa el centro de las preocupaciones nacionales.

En esa línea se inscribe la propuesta de universalización de ingresos sobre la población en situación de informalidad y desempleo elaborada por el director del Banco Nación y dirigente de Unidad Popular en el Frente de Todos, Claudio Lozano, y el equipo de trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

“La política de ingresos, en una Argentina donde la población en situación de informalidad está en el orden del 50%, no puede estar restringida exclusivamente a la política salarial”, sostuvo Lozano.

En efecto, la propuesta del IPyPP, presentada en el marco del acuerdo de precios y salarios que impulsa el Gobierno, asume que en el presente contexto de capacidad ociosa y mercado interno deprimido, “el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares”.

Con 18 millones de pobres y casi cinco millones de indigentes, el equipo del IPyPP argumenta que acordar salarios “interviene exclusivamente en el terreno de la economía formal (salario mínimo, básico de convenio, paritarias)” y, complementariamente, se requiere de un nuevo dispositivo de política pública que intervenga sobre la situación de los informales y desempleados.

En detalle, el informe, asegura que con una inversión de entre 1,6% y 2,9% del PBI se pueden promover 4 millones de nuevos empleos. Para hacerlo, propone crear –en paralelo al acuerdo de precios y salarios- dos instrumentos que intervengan en el ingreso de los sectores que están por fuera del empleo formal: establecer un ingreso básico universal, que recupere y profundice la estrategia del ingreso familiar de emergencia (IFE) que “inexplicablemente, en un contexto de agravamiento extremo de la situación social, se eliminara del Presupuesto 2021”.

E instrumentar un salario social de empleo y formación que reformule, integre y supere los actuales programas Potenciar Trabajo y Progresar al tiempo que promueva la creación de un Programa de empleo y formación de acceso universal “garantizado por la política estatal en articulación con las organizaciones populares”.

“La propuesta implica superar el actual esquema de planes sociales de empleo asistenciales, focalizados e insuficientemente coordinados en cuanto a su ejecución productiva e inserción laboral”, asegura el proyecto. Y propone que el nuevo programa se coordine, planifique y gestione por un Área de Economía Pública y Social con participación plural y federal (estatal, comunitaria, social y de las pymes).

Estabilización de precios 

Y asegura que “esta política de ingresos sólo tiene sentido en el marco de una clara estrategia de estabilización de los precios. En este aspecto, el estricto control del mercado cambiario y de la oferta de divisas a efectos de fijar el tipo de cambio, y el control estricto sobre alimentos, servicios públicos y combustibles en base a mesas de concertación por cadena de producción de los insumos estratégicos, resultan indispensables”.

Según el IPyPP, la iniciativa permitiría fijar un “umbral de dignidad en materia de ingresos” para toda la sociedad que garantice terminar con el hambre; articular mano de obra con políticas públicas destinadas a la restitución de derechos sociales; establecer un piso salarial equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil; sostener una estrategia de formación permanente de la fuerza laboral; y activar la demanda en el mercado interno para recuperar la actividad económica.

Fuente: Canal Abierto.