Las víctimas se reconocen como pertenecientes al pueblo Mapuche. El imputado es un policía perteneciente a la Guardia de Infantería. Hay numerosos testigos que residen en otras provincias y varios en otras localidades de Chubut.

En dos oportunidades debió correrse la fecha de juicio por falta de presupuesto y una por el aislamiento. Para evitar el vencimiento del plazo procesal, debería concretarse antes de diciembre. La fiscal María Bottini solicitó al juez que habilite el trámite como causa compleja para evitar el sobreseimiento del imputado por vencimiento del plazo razonable.

Si bien resta la mitad del año para llegar a diciembre y no es posible saber si el país logrará salir antes de esa fecha de la situación de riesgo de transmisión comunitaria del COVID-19, el Ministerio Público Fiscal quiso prever cualquier eventualidad que ponga en riesgo la finalización de ese proceso penal en un debate.

Bottini explicó cuáles son los obstáculos que avizora, en caso de continuar las medidas en nuestra provincia y/o en cualquiera de las provincias de las que provienen los testigos. Entre otros mencionó la necesidad de inmediación en el debate, es decir, la posibilidad de llevar a cabo audiencias que implicarán la asistencia presencial de muchas personas, aun considerando solo las que obligatoriamente deberán asistir: víctimas, abogadas de la querella, imputado, numerosos testigos, jueces, defensor y fiscal.

Aun si se salvara esa dificultad con medidas de bioseguridad, persisten los inconvenientes relativos al traslado de las personas a Esquel. Para empezar, si los testigos ingresan desde otra provincia, deberán pasar 14 días de aislamiento social preventivo. Es decir que deberían estar en Esquel más de 14 días previos al juicio, ya que también hará falta dejar transcurrir ese plazo para que la fiscalía pueda tomar contacto con sus testigos, que quienes lo requieran puedan ser asistidos por el SAVD, etc.

Paola Bagnato, en calidad de abogada de una de las dos querellas, acompañó el pedido fiscal de declaración de causa compleja. Resaltó que se tuvo que reprogramar la fecha de debate varias veces por diferentes dificultades. Sostuvo que la normativa procesal no establece hasta qué momento del proceso puede realizarse el pedido. Finalmente argumentó que las garantías del imputado no se ven vulneradas, ya que es mucho más beneficioso llegar a un juicio y obtener la absolución, que alcanzar un sobreseimiento por vencimiento del plazo.

Sonia Ivanoff, también querellante, resaltó la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, la que obliga a sopesar garantías del imputado y de las víctimas. Resaltó que se trata de víctimas contempladas especialmente por el artículos 98 inciso 6, pertenecientes a una comunidad indígena, que a partir de un fallo de la Corte Interamericana de DDHH las comunidades indígenas y sus miembros son considerados vulnerables y los Estados están obligados a tener en cuenta ciertas condiciones. “Hay mucho interés de las víctimas de llegar al debate que estén todas las garantías para el acceso a la justicia”, concluyó al respaldar el pedido de la Fiscalía.

El defensor particular Sandoval Daniel, rechazó la ampliación del plazo por considerar que la normativa procesal vigente lo impide en este caso por haber finalizado la investigación. Exigió que se siga rigiendo el proceso por los plazos comunes y señaló que están dadas las condiciones para llevar a cabo el debate con controles de bioseguridad.

El juez Ricardo Rolón tuvo en cuenta para resolver, la búsqueda de un equilibrio entre los derechos del imputado y los de las víctimas pertenecientes al pueblo indígena, la que requiere un esfuerzo mayor del Estado para dar una respuesta. Señaló además, que el pedido de la Fsicalía está fundado en una pandemia que no fue prevista por nadie, que restringió los derechos de todos y que lo pone en situación de dar  una resolución que ni siquiera fue contemplada por el artículo referido al trámite complejo en el Código Procesal porque fue redactado cuando esta situación no era imaginable.

“El imputado está a través del teléfono, la querellante en otra ciudad. Va a ser imposible que continúe todo el procedimiento respetando el derecho de todas las partes”, indicó. Añadió luego que comparte los argumentos del defensor, pero no su conclusión, ya que este vela por los derechos del imputado pero el juez se halla ante el deber de equilibrar los derechos de ambas partes. Concluyó que “en esa pugna, la única forma de equilibrar es decretar este procedimiento para asuntos complejos”, decisión a la que arribó para que el Estado pueda dar respuesta.

El hecho según la acusación fiscal

“Ocurrido el 11 de enero de 2017, entre las 19 y las 20 horas, en la Ruta Nacional 40, a la altura de Leleque, km 1848, provincia del Chubut. En dichas circunstancias un grupo de la policía de la provincia del Chubut (compuesto por un total de 20 efectivos), perteneciente a la Guardia de Infantería de dicha fuerza, a cargo del Oficial Principal Javier Alberto Solorza, circulaba por el lugar a bordo del móvil R.I. 554, tipo Furgón, marca Iveco, dominio MSL-208, con dirección a la ciudad de Esquel. Al ingresar a la ruta Nacional 40 (de asfalto) justo en la zona donde existe un conflicto de larga data con un grupo autodenominado Lof en resistencia del departamento de Cushamen, y en virtud de una posible agresión con piedras hacia el furgón, por orden y bajo directivas impartidas por el jefe del grupo, Oficial Principal Javier Alberto Solorza, quien asume un rol activo, indicando a los policías que estaban bajo su mando lo que tenían que hacer; parte del grupo, baja de la camioneta, se acercan al alambrado perimetral que separa el predio de la ruta, y realizan disparos con escopetas con municiones antitumulto,  a corta distancia (menos de 10 metros) y direccionados a la parte superior del cuerpo de las personas que se hallaban en el lugar, impactando al menos a cuatro de ellos, ocasionándoles lesiones de distinta gravedad.

               Fernando Eloy Jones Huala, sufrió una equimosis en región lateral izquierda del tórax, de carácter leve.

               Malvina Soledad Encina, sufrió una lesión en la cara interna del antebrazo izquierdo (hematoma), de carácter leve.

               Fausto Horacio Jones Huala, sufrió un traumatismo de cráneo en la región mastoidea izquierda de su cabeza, el cual le produjo una lesión intracerebral que en el momento inmediato deprimió su censorio y al momento del alta institucional e incluso 3 (tres) meses después, le produjo disminución de su función de habla o lenguaje y audición como secuela, tratándose en principio de lesiones de carácter grave.

               Emilio Sebastián Jones, sufrió una fractura atípica de rema derecha del maxilar inferior hasta cóndilo, que disminuye la apertura de la cavidad bucal, lesión ésta de carácter grave, por generar una inhabilidad laboral mayor a 1 (un) mes.

               Cabe destacar que el episodio descripto ocurre en un contexto de gran conflictividad dado que días anteriores, otras fuerzas de seguridad, habían realizado procedimientos en el predio, encontrándose en ese momento, varias personas vinculadas con los ocupantes del predio, privadas de su libertad en la ciudad de Esquel, lo que tornaba aún más vulnerables a los ocupantes del predio; y al proceder como se describió el Jefe del Grupo operativo, incumplió con la normativa aplicable y con los deberes a su cargo (art. 122 de la Constitución Provincial, art. 1 de la Ley XIX nro. 5 del Digesto Jurídico Provincial y Protocolo de Actuación de las Unidades Antidisturbios de la Policía del Chubut), además de incumplir con las precauciones que deben tenerse al utilizar proyectiles antitumulto, en particular la dirección del disparo y la distancia aconsejada.-

Los hechos enunciados y oportunamente imputados a JAVIER ALBERTO SOLORZA, deben calificarse, a criterio de éste Ministerio Público Fiscal como constitutivos del delito Lesiones leves agravadas por haberse cometido con abuso de la función policial (2 hechos), Lesiones Graves Agravadas por haberse cometido con abuso de la función policial (2 hechos) en concurso ideal con abuso de autoridad (arts. 89 y 90 en función del 92 y 80 inc. 9 y 248 del Código Penal).

Fuente: Ministerio Público Fiscal.

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