El pago escalonado de salarios a los trabajadores de la administración pública provincial sumó un nuevo capítulo con el cobro de quienes se desempeñan en la Legislatura.
Es que el Gobierno para poder concretar el acto de apertura del período de sesiones ordinarias y – fundamentalmente – para que se pueda sesionar y tratar la ley de Reestructuración del Estado tomó la decisión de pagar los sueldos a los empleados de la Legislatura quienes llevaban a cabo una medida de fuerza.
La noticia generó no poco malestar entre el resto de los trabajadores que se sienten discriminados, sino que además llevó a determinados sectores a anunciar medidas de acción directa.
Los magistrados judiciales llevarán el reclamo al ámbito que más conocen y confían: la propia Justicia que por otra parte es cuestionada por su pasividad ante el cobro escalonado de los salarios salvo que dicha situación los afecte particularmente.
El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por su parte decretó un paro total de actividades 72 horas. Rechazaron “los pagos de sueldos que discriminan a nuestros representados”.
El sector pasivo, en nuestra ciudad, también hizo oír su voz exigiendo el pago de los salarios para “todos juntos y el cuarto día hábil de cada mes” tal como lo expresa la ley y entendiendo que toda aceptación de otros plazos “es apología del delito”.
Lejos de proponer acciones que permitan vislumbrar principios de soluciones a una situación por demás preocupante algunas decisiones sólo profundizan el malestar de los empleados públicos y provocan reacciones que terminan afectando a toda la sociedad.
En este contexto una premisa debe estar presente: la sociedad necesita respuestas claras y precisas. Enfrentar a los trabajadores nunca puede ser una opción viable. Entrar en ese juego es precisamente lo que no debe hacerse. La unidad, en el marco de legítimos reclamos acorde a derecho, es la única salida. De todos nosotros, empleados estatales o no, depende hacer que ello se entienda y se actúe en consecuencia.