La crisis económica que atraviesa el país tiene su reflejo más crudo en la dificultad de muchas personas para cubrir sus necesidades básicas. Los constantes aumentos de precios de los alimentos, entre otros rubros, ponen en peligro la alimentación de miles de  familias especialmente de aquellas que deben hacer frente al desempleo o cuentan con un ingreso mínimo que no alcanza a cubrir lo esencial.

La necesidad de contar con un plato de comida se traduce, para miles de personas en todo el país, en la asistencia a comedores u organizaciones que brindan  ayudan en este sentido.

Es en este contexto que las centrales obreras, organizaciones sociales, Iglesia Católica y diputados opositores solicitan al Ejecutivo Nacional decretar la Emergencia Alimentaria que implicaría retomar una medida de 2002. La misma tuvo como objetivo la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad mediante la reasignación de partidas del Presupuesto de la Administración Nacional.

Cabe mencionar que el programa prevé, entre otras cuestiones, un refuerzo adicional de las raciones en comedores escolares y acciones en comedores comunitarios y merenderos.

El Gobierno sostiene que las medidas para paliar los efectos de la devaluación fueron adoptadas tras las PASO. Argumentan que se realizó la compra de alimentos por sistema de emergencia y compras abreviadas y que, desde el 1 de septiembre, se aumentaron un 40 por ciento los fondos para productos que entrega Desarrollo Social.

Aseguran, además, que la declaración no es necesaria ya que la herramienta para garantizar lo que plantea esa medida  está incluida dentro de la Ley de Emergencia Social que el Congreso sancionó en diciembre de 2016.

Pese a todo el Gobierno, tras la reunión con la CGT, estaría analizando la posibilidad de acordar mejoras parciales para atender a sectores que no fueron alcanzados por las medidas paliativas que instrumentó en las últimas semanas. También a discutir el otorgamiento de un bono que alcanzaría a todos los trabajadores  como así también de una tarjeta alimentaria destinada a desempleados para la compra de productos de la canasta básica y que sería adicional al seguro de desempleo que cobran.

El pasado lunes se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2022. En uno de sus fundamentos, sostiene, que “concierne al Estado nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional”.

El proyecto, consensuado por casi toda la oposición, intentará ser debatido el jueves desde las 11 sobre tablas para lo que se requiere dos tercios de los Diputados.

Las medidas para intentar contener el impacto de la crisis deben tomarse con urgencia porque el hambre de niños, jóvenes y adultos no tiene el tiempo de las discusiones  políticas o debates parlamentarios.